La idea de las Charter Cities ha vuelto al centro del debate internacional no solo por su promesa de atraer inversión, empleo y planificación urbana, sino porque apunta a un problema más profundo: la incapacidad de muchos países en desarrollo para construir instituciones que generen prosperidad de forma sostenida.
Tegucigalpa, Honduras / En un mundo donde hoy 55% de la población vive en ciudades y esa proporción subiría a 68% en 2050, la presión sobre los gobiernos es cada vez mayor, especialmente en Asia y África, donde se concentrará casi 90% del crecimiento urbano previsto.
El desafío no es solo demográfico. La urbanización avanza más rápido que la capacidad estatal para ordenar el territorio, proveer servicios y hacer cumplir reglas claras. ONU-Hábitat advierte que en muchos países en desarrollo las ciudades están creciendo con rapidez, pero sin transformación estructural, lo que impide capturar las ganancias de productividad que normalmente acompañan al crecimiento urbano. Cuando eso ocurre, la ciudad crece en tamaño, pero no necesariamente en competitividad, formalidad ni bienestar.
El resultado de esa brecha institucional se refleja en la expansión de las ciudades informales. Según datos oficiales del sistema de indicadores de los ODS, en 2022 alrededor de 24.8% de la población urbana mundial vivía en tugurios o asentamientos informales, para un total de 1,120 millones de personas, unos 130 millones más que en 2015. Lejos de ser un fenómeno marginal, la informalidad urbana se ha convertido en una señal de que el mercado de vivienda, la planificación y la capacidad pública no están logrando absorber el crecimiento de la población con suficiente rapidez.
La pregunta central es entonces inevitable: ¿por qué muchos países no logran construir instituciones que generen prosperidad? El Banco Mundial lleva años señalando que el problema no suele ser únicamente técnico, sino político e institucional. En su marco sobre gobernanza, explica que las fallas persistentes suelen surgir por asimetrías de poder, así como por dinámicas de exclusión, captura y clientelismo, que bloquean reformas, debilitan la ejecución de políticas y reducen la capacidad del Estado para producir seguridad, crecimiento y equidad.
A eso se suma otro obstáculo decisivo: la falta de seguridad jurídica y predictibilidad para invertir. El Banco Mundial ha advertido que los riesgos regulatorios —como cambios arbitrarios e impredecibles en normas y políticas, incumplimiento de contratos, confiscación de activos o protección desigual ante la ley— pueden frenar de manera significativa la inversión extranjera y el desarrollo de largo plazo. En ese entorno, el capital productivo se retrae, los proyectos se encarecen y la economía informal gana terreno frente a la formalidad.
Es precisamente en ese punto donde las Charter Cities buscan posicionarse como respuesta. Sus promotores las presentan como nuevas ciudades o jurisdicciones urbanas con reglas claras, gobernanza propia y capacidad para planificar desde cero, con el objetivo de evitar que el crecimiento urbano quede atrapado en las mismas debilidades institucionales del resto del país. La tesis es sencilla: cuando reformar todo un Estado resulta demasiado lento o políticamente inviable, una nueva ciudad puede funcionar como laboratorio de instituciones más eficaces para atraer inversión, generar empleo formal y ofrecer servicios de mejor calidad.
Más allá del debate sobre sus modelos específicos, el ascenso de las Charter Cities revela una realidad incómoda para muchos países: la prosperidad no depende solo de carreteras, edificios o incentivos fiscales, sino de algo más difícil de construir y sostener en el tiempo: instituciones confiables. Mientras esa base no exista, la urbanización seguirá produciendo expansión física sin desarrollo suficiente, crecimiento sin productividad plena y ciudades grandes sin la prosperidad que millones de personas esperan.
