Redacción.
Hay un síntoma silencioso, pero relevante, sobre el estado de la política hondureña: la máxima aspiración compartida por una generación entera de jóvenes ya no es ser médico, profesor, ingeniero o servidor público. Es ser influencer. Cualquiera con un teléfono, un anillo de luz y la disposición a enseñar cuerpo o decir disparates con suficiente convicción aspira a la viralidad como atajo a la vida buena. El problema no es que esa cultura exista -es global, está aquí para quedarse y la libertad de expresión a la toda autocomunicación de masas con buenos fines- sino que, en Honduras, la propia clase política ha decidido seguirla en lugar de gobernar. Y al hacerlo, ha renunciado a su función esencial: resolver problemas reales.
Tres episodios recientes, encadenados, dibujan con nitidez ese deslizamiento.
Godofredo Fajardo: del meme a la mesa del Congreso
El 21 de enero de 2026 quedará como una fecha curiosa en la historia legislativa del país. Ese día, el Congreso Nacional eligió como vicepresidente provisional -una figura que en la práctica suele consolidarse en propiedad- a Godofredo Fajardo, único diputado de la Democracia Cristiana, partido que se salvó de la extinción gracias a sus 90,294 marcas en las urnas.Fajardo no llega al hemiciclo por una trayectoria de gestión pública verificable -fue viceministro en el gobierno de Lobo Sosa con auditorías cuestionadas y regidor capitalino con liquidaciones opacas de fondos rotatorios-, sino por un fenómeno que las redes bautizaron como “Godomanía” y que la capital rebautizó como “Godocigalpa”: una saturación de rótulos con su rostro tan masiva que devino en chiste compartido, contenido viral, decoración de uñas y celebraciones temáticas de cumpleaños. El meme, no el programa, lo llevó al Congreso. Y del Congreso, al cuarto cargo más alto del primer poder del Estado.
Lo notable no es que Fajardo haya sabido leer el algoritmo. Lo notable es que el sistema político hondureño en su conjunto haya legitimado esa lectura como vía de acceso al poder real, en una negociación bipartidista cerrada con votos del Partido Nacional, Liberal, Pinu-SD y la propia DC. La viralidad como credencial. El TikTok como hoja de vida.
El presidente y “Supremo”: la audiencia que no merece la audiencia
A menos de 90 días después de tomar posesión, el presidente Nasry Asfura llamó personalmente a Lester Cardona —conocido en redes como “Soy Supremo”— para recibirlo en Casa Presidencial. ¿El motivo? Coordinar un partido de fútbol entre tiktokers hondureños y peruanos en el Estadio Nacional el 1 de agosto. El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, se sumó por videollamada.
Mientras tanto, fuentes empresariales, gremios médicos, productores agrícolas, líderes comunitarios y analistas de seguridad -en un país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, según los propios datos del nuevo gobierno- hacen fila para una audiencia presidencial que no llega. Asfura, que ha asumido directamente la titularidad de la Secretaría de Salud para encarar la mora quirúrgica y el desabasto, encuentra hueco en su agenda, más concretamente en 2 ocasiones, para gestionar un evento deportivo entre creadores de contenido. La señal política es inequívoca: el tiempo presidencial, recurso escaso por excelencia, se asigna donde se cree que hay rendimiento comunicacional, no donde hay problema de Estado.
Punto Joven y el ministro: el podcast como sustituto de la rueda de prensa
El tercer episodio cierra el triángulo. Jorge Luis Medina -Punto Joven, 2,2 millones de seguidores en TikTok, más de un millón en Instagram- es un podcaster que ha reconocido públicamente que cobra a los políticos por las entrevistas que les concede. Su programa es una pasarela paga. No es periodismo, no pretende serlo, y tiene todo el derecho del mundo a operar bajo ese modelo de negocio.
Lo problemático no es Medina. Lo problemático es que el secretario de Comunicación y Estrategia del gobierno, José Augusto Argueta, le abra la puerta del despacho oficial. Que un funcionario que en su primera intervención pública advirtió de que el gobierno “hablará poco y hará mucho”, y que ya ha protagonizado choques con la UNAH, con el expresidente del BCIE Dante Mossi y con el alcalde Aldana en redes, escoja a un creador de contenido pago como interlocutor preferente antes que a la prensa institucional. La política comunicacional del Ejecutivo se construye desde su primer mes sobre una premisa simple: evitar el escrutinio profesional y buscar voceros amables, idealmente antisistema, idealmente con audiencias jóvenes ya predispuestas a la épica del outsider.
El patrón: la denigración como método
Estos tres episodios no son anécdotas dispersas. Son la cristalización de un método que conviene nombrar con precisión: la sustitución de la política seria por la política espectáculo, no como accidente, sino como decisión estratégica deliberada.
La política seria es lenta, técnica, ingrata. Exige explicar por qué ocho hospitales prometidos no se entregaron, por qué la mora quirúrgica persiste, por qué los litigios internacionales en el CIADI tomará meses, por qué la mano de obra local en el bacheo nacional no resuelve el problema estructural de la red vial, por qué Honduras sigue produciendo migrantes a pesar de tres ciclos electorales que prometieron lo contrario. Esa política exige interlocutores que pregunten lo incómodo, que verifiquen cifras, que comparen contratos, que recuerden compromisos.
La política espectáculo, en cambio, es rápida, emocional y barata. Genera clip viral, métrica de alcance y la sensación -siempre falsa- de que algo se está haciendo. Sustituye la pregunta exigente por el chiste compartido. Y, sobre todo, construye una coartada perfecta: si la oposición critica, no critica al gobierno, sino al pueblo joven, al influencer querido, al deporte popular.
El cálculo es transparente para cualquiera que haya operado una sala de guerra electoral: llegar a públicos desafectados de la política tradicional -jóvenes, votantes silenciosos, audiencias hartas del bipartidismo- a través de voceros que esos públicos perciben como propios. Es legítimo en campaña. Se vuelve peligroso cuando se traslada al ejercicio del poder, porque entonces deja de ser una herramienta de comunicación y se convierte en una forma de gobernar de espaldas a la deliberación pública.
La factura social
Honduras no puede permitirse este desplazamiento. El país arrastra problemas estructurales que ninguna campaña de TikTok va a resolver: una tasa de homicidios que multiplica por veinte la salvadoreña, un sistema de salud colapsado, un déficit fiscal heredado, una migración persistente, una crisis de credibilidad institucional tras una declaratoria electoral cuestionada y una pugna abierta sobre el Ministerio Público.
Cada hora que el aparato comunicacional del Estado dedica a coordinar un partido entre tiktokers, a viralizar la última polémica del ministro asesor en redes o a calibrar la próxima aparición presidencial en un podcast pago, es una hora que no se dedica a explicar al país por qué los hospitales no están terminados, dónde están las inversiones y la generación de empleo, cuándo llegará la maquinaria a las 298 alcaldías o cómo se piensa reducir la tasa de homicidios sin caer en el modelo Bukele que el propio gobierno ha rechazado.Y mientras tanto, Godofredo Fajardo aprende a moderar el lenguaje desde la vicepresidencia del Congreso, “Supremo” llena el Estadio Nacional con el aval del Ejecutivo, y “Punto Joven” sigue recibiendo invitados oficiales que pagan, literal o reputacionalmente, por su tribuna.
La lectura estratégica
Para los gobiernos de la región que estén pensando seguir este libro de jugadas -y muchos lo están haciendo-, conviene anotar tres advertencias profesionales antes de imitar al modelo hondureño:
- Primero, la viralidad no es popularidad y la popularidad no es legitimidad. Un meme produce notoriedad inmediata, no consentimiento sostenido. Godomanía elige diputado, sí, pero no construye gobernabilidad. Cuando el primer escándalo serio toque al vicepresidente del Congreso, el mismo algoritmo que lo elevó lo va a destruir, y el partido que lo apadrinó pagará la factura.
- Segundo, los voceros antisistema son arma de un solo uso. Funcionan en oposición; para el gobierno se vuelven explosivos. El día que un creador de contenido decida marcar distancia con su contratante para preservar su audiencia -y ese día siempre llega-, el activo se convierte en pasivo en cuestión de horas. La gestión de campañas presidenciales con creadores de contenido es ya una práctica estándar; la gestión de gobiernos a través de ellos sigue sin ser exitosa en ningún país del continente.
- Tercero, la política seria es la única que sobrevive el ciclo. Las administraciones que perduran en la memoria positiva de sus pueblos son las que entregaron resultados verificables: hospitales construidos, carreteras transitables, homicidios reducidos, empleo formal generado. Ninguna se recuerda por la calidad de sus colaboraciones con tiktokers. La métrica que importa al final del cuatrienio no es el alcance, es la entrega.
El gobierno de Asfura llega con un capital político escaso pero suficiente para hacer historia si entiende que su problema no es mediático, sino comunicacional, dominar el relato país que ahora mismo no tienen. Si insiste en que la prioridad es disputar el espacio del influencer en lugar de habitar el espacio del Estado, va a descubrir, como descubrió su antecesora, que el algoritmo no perdona a quien lo cortejó primero.
La política hondureña no se denigra sola. Se denigra porque sus protagonistas eligen denigrarla. Y porque demasiado pocos consultores, asesores y operadores se han atrevido a decirles a sus clientes que el camino fácil del meme termina, siempre, en el mismo lugar: la irrelevancia.
En síntesis: en lugar de la política seria, esa que se mide por problemas resueltos y vidas mejoradas, los gobernantes hondureños han escogido la superficialidad del tiktoker como vía preferente para hablarle al país. Lo que debería ser apenas un episodio anecdótico -el meme viral, la foto con el creador de contenido, la entrevista en el podcast pago- se ha instalado como la base misma de su política comunicacional: el intento, calculado y deliberado, de llegar a públicos alejados de la realidad política a través de voceros antisistema, jóvenes, divertidos y, sobre todo, ajenos al escrutinio. Es la inversión perfecta del oficio: no se gobierna para después comunicar; se comunica para no tener que gobernar.