El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que endurece las penas contra la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados al crimen organizado, además de declarar oficialmente a las maras y pandillas como organizaciones terroristas.
La decisión legislativa, considerada una de las reformas de seguridad más fuertes de los últimos años en el país, busca fortalecer las herramientas legales del Estado para combatir estructuras criminales que operan en diferentes regiones de Honduras y que han sido señaladas por delitos de extorsión, homicidio, secuestro y lavado de activos.
Reformas penales endurecen castigos por extorsión y terrorismo
Entre los principales cambios aprobados por el Congreso Nacional destaca el aumento de penas para delitos relacionados con extorsión, asociación ilícita, terrorismo y uso indebido de uniformes policiales o militares. Las reformas también amplían las agravantes cuando las organizaciones criminales utilicen menores de edad o tecnologías digitales para cometer delitos.
El nuevo marco jurídico permitirá a las autoridades perseguir no solo a quienes ejecuten actos criminales, sino también a quienes colaboren con la logística financiera y operativa de las estructuras delictivas. Según el dictamen legislativo, esto incluye personas involucradas en lavado de dinero, transporte de recursos ilícitos y coordinación de amenazas o cobros extorsivos.
Además, las reformas facilitarán el acceso rápido a información de empresas telefónicas y entidades financieras durante investigaciones relacionadas con extorsión, secuestro y crimen organizado.
Maras y pandillas serán tratadas como organizaciones terroristas
Uno de los puntos más relevantes de las reformas es la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas bajo determinadas condiciones legales. La medida permitirá ampliar las facultades de investigación y acelerar procesos judiciales contra estructuras criminales.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, afirmó que esta decisión permitirá actuar contra organizaciones completas sin necesidad de investigar delito por delito, reduciendo además el riesgo para víctimas y testigos.
Debate público y respaldo unánime
El debate legislativo se desarrolló públicamente luego de que el Congreso descartara realizar sesiones privadas por motivos de seguridad. Las autoridades señalaron que buscaban garantizar transparencia en una discusión considerada clave para la seguridad nacional.
Los 128 diputados votaron a favor del paquete de reformas, respaldando una propuesta impulsada por la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional tras consultas con sectores empresariales, operadores de justicia y representantes de instituciones de seguridad.
Honduras endurece su estrategia contra el crimen organizado
Analistas consideran que las reformas representan un giro importante en la política de seguridad hondureña y recuerdan iniciativas similares implementadas en décadas anteriores para combatir a las pandillas. Sin embargo, sectores defensores de derechos humanos han advertido sobre la importancia de garantizar el debido proceso y evitar abusos durante la aplicación de las nuevas disposiciones.
El Gobierno y el Congreso sostienen que las reformas buscan responder al crecimiento de estructuras criminales que utilizan tecnología, redes financieras y operaciones transnacionales para mantener actividades ilícitas en Honduras.
