La movilización comenzó después del desalojo ejecutado en San Juan, Tela, bajo el Decreto 107-2026. Organizaciones garífunas sostienen que la normativa amenaza territorios ancestrales, mientras sus promotores aseguran que protege la producción, el empleo y la inversión.
TELA, ATLÁNTIDA.— Comunidades garífunas y organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron una resistencia sostenida contra la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, después de que la normativa fuera utilizada durante un desalojo territorial en San Juan, Tela.
La protesta tiene dos exigencias principales: la derogación del Decreto Legislativo 107-2026 y la anulación del proceso judicial iniciado contra cinco defensores territoriales acusados de usurpación agravada después del operativo policial realizado el 6 de julio.
Integrantes de comunidades garífunas, organizaciones campesinas y movimientos sociales se concentraron el miércoles 15 de julio en la carretera CA-13, a la altura de El Boquete, Atlántida. La movilización provocó largas filas de vehículos y estuvo acompañada por un amplio despliegue policial.
Cinco defensores enfrentan un proceso judicial
Durante el desalojo en San Juan fueron detenidas cinco personas vinculadas con la Organización Fraternal Negra Hondureña. Posteriormente quedaron sometidas a un proceso por presunta usurpación agravada.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el operativo incluyó el bloqueo de accesos a la comunidad, la destrucción de un campamento y daños a herramientas utilizadas para actividades agrícolas y pesqueras.
La representación legal de los acusados solicitó que el Decreto 107-2026 no sea aplicado al caso, argumentando que el conflicto se desarrolla dentro de un territorio ancestral garífuna y que la legislación contiene disposiciones que deberían excluir a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Para la comunidad de San Juan, el juicio no puede separarse de la disputa histórica por la propiedad y el control de tierras ubicadas frente al mar Caribe, consideradas estratégicas por su valor turístico y económico.
Un territorio reconocido por la Corte Interamericana
El conflicto adquiere una dimensión internacional porque San Juan cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 29 de agosto de 2023.
El tribunal determinó que Honduras vulneró derechos de la comunidad relacionados con la propiedad colectiva, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información. También constató que parte de las tierras reclamadas había sido vendida o adjudicada a terceros y empresas.
La Corte ordenó al Estado entregar a la comunidad un título colectivo sobre tierras alternativas o pagar las indemnizaciones correspondientes, resolver los recursos administrativos y judiciales pendientes y adoptar medidas para reparar los daños. El área reclamada y reconocida en el expediente comprende aproximadamente 674.69 hectáreas.
Las organizaciones garífunas sostienen que ejecutar un desalojo dentro de ese contexto contradice las obligaciones internacionales de Honduras y demuestra que las medidas de protección ordenadas por la Corte todavía no han sido cumplidas completamente.
¿Qué establece la nueva Ley Agroindustrial?
El Decreto 107-2026 declara de interés y prioridad nacional la protección de actividades agroindustriales, energéticas, turísticas, ganaderas y de pequeños productores agrícolas.
La normativa prohíbe la ocupación de tierras consideradas productivas y ordena a la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades actuar con rapidez ante denuncias de invasiones, bloqueos o interrupciones de actividades económicas.
También establece procedimientos abreviados para restituir propiedades, garantiza la circulación de productos, maquinaria y personal, y responsabiliza personalmente a los funcionarios que retrasen injustificadamente la ejecución de las medidas.
Sus promotores aseguran que la ley pretende proteger alrededor de 300,000 empleos y brindar seguridad jurídica a sectores como el café, la palma africana, el banano, el arroz y la caña de azúcar.
Datos utilizados durante su aprobación indican que más de 84,000 manzanas de tierra se encuentran ocupadas en ocho departamentos y 31 municipios, una situación que, según el sector empresarial, reduce la producción y desincentiva nuevas inversiones.
Comunidades temen desalojos acelerados
Los sectores críticos consideran que la ley puede reducir los conflictos agrarios a una discusión sobre quién posee una escritura registrada, sin tomar en cuenta reclamos ancestrales, procesos de reforma agraria, títulos comunitarios incompletos o fallos internacionales.
Aunque la legislación incluye una salvaguarda para territorios indígenas y afrodescendientes, organizaciones garífunas sostienen que su aplicación en San Juan demuestra que esa protección podría resultar insuficiente cuando existen títulos privados dentro de zonas reclamadas comunitariamente.
El principal temor es que los plazos acelerados permitan realizar desalojos antes de que los tribunales resuelvan definitivamente quién posee el mejor derecho sobre los terrenos.
Esta situación es especialmente compleja en comunidades donde las tierras han sido ocupadas colectivamente durante generaciones, pero los procesos de titulación estatal han avanzado lentamente o han dejado partes del territorio en manos de terceros.
Seguridad jurídica frente a derechos ancestrales
El debate plantea dos conceptos diferentes de seguridad jurídica.
Para los empresarios y propietarios privados, significa garantizar que una finca registrada no pueda ser ocupada, que la producción continúe y que las autoridades ejecuten las decisiones judiciales sin retrasos.
Para las comunidades garífunas, la seguridad jurídica también implica el reconocimiento de la propiedad colectiva, el cumplimiento de las sentencias internacionales y la obligación de realizar consultas previas antes de autorizar proyectos que puedan afectar sus territorios.
La solución requerirá determinar si el Decreto 107-2026 puede aplicarse en zonas protegidas por sentencias internacionales y cómo deberán actuar las autoridades cuando existan escrituras privadas que se superponen con reclamos ancestrales.
Gobierno y Congreso deberán responder
Las comunidades exigen que el Congreso Nacional revise o derogue la normativa y que el Poder Judicial suspenda el proceso contra los cinco defensores.
También reclaman que el Gobierno establezca una ruta para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana y resolver definitivamente la situación territorial de San Juan.
Por su parte, los defensores de la ley deberán demostrar que la protección de la inversión y la actividad productiva puede aplicarse sin desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El conflicto de San Juan se ha convertido así en la primera gran prueba para la Ley Agroindustrial. Su desenlace podría definir cómo se manejarán futuras disputas por tierras productivas, proyectos turísticos y territorios ancestrales en Honduras.
