El próximo 6 de marzo, Honduras firma en Washington su regreso al CIADI.
Fue una de las primeras decisiones del presidente Nasry Asfura al llegar al poder, una señal deliberada, enviada desde el primer día de mandato, de que este gobierno entiende que la credibilidad jurídica no es un lujo sino la condición mínima para que Honduras deje de exportar personas y empiece a importar oportunidades.
Cincuenta y cinco organizaciones firmaron un pronunciamiento el 25 de febrero para impedir que eso ocurra. Para explicarle a Honduras qué es el CIADI. El problema es que el CIADI que describen no existe. Han construido un fantasma, le han puesto nombre técnico y lo han lanzado a los medios con la esperanza de que nadie vaya a comprobarlo.
El pronunciamiento dice que el CIADI es un mecanismo que permite a los inversores atacar a los Estados, limitar su capacidad de regular y someter la soberanía nacional al capital transnacional. Es una definición que suena amenazante, que activa todos los resortes emocionales correctos y que omite, de forma tan sistemática que no puede ser casual, la mitad de la realidad.
El CIADI no es un tribunal que condena Estados. Es un foro de arbitraje neutral donde Estados e inversores pueden resolver sus diferencias cuando un compromiso firmado por ambas partes se rompe. La diferencia no es un matiz: es todo el argumento. Porque si el CIADI fuera lo que el pronunciamiento dice, ninguna democracia seria del mundo sería miembro. Y sin embargo ciento cincuenta y ocho países lo son, incluidos países con sistemas de protección social robustos, con legislación laboral avanzada, con plenas capacidades regulatorias intactas.
El propio diseño del CIADI contempla períodos de negociación previa, mediación y acuerdos amistosos que el tribunal puede incorporar en un laudo ejecutable. Muchos casos terminan exactamente así: sin laudo condenatorio, con un acuerdo entre el Estado y el inversor que cierra el conflicto y manda una señal positiva al mercado. El CIADI es también una mesa de negociación con garantías jurídicas. Eso el pronunciamiento no lo menciona porque destruye su argumento central.
Y aquí está la prueba más concreta de todo lo que ese documento calla: “Próspera, la empresa que desarrolla la zona especial de empleo en Roatán, redujo el monto de su demanda”. Una empresa que quisiera destruir a Honduras, que usara el CIADI como arma, que buscara el máximo daño posible al Estado, no haría eso. Lo que hizo Próspera es exactamente lo contrario de lo que el pronunciamiento describe: una señal explícita de que prefiere el acuerdo al conflicto, de que está dispuesta a sentarse a negociar, de que su objetivo no es cobrar sino volver a invertir en Honduras con seguridad jurídica. No es una empresa depredadora. Es un inversor que sigue creyendo en este país después de que este país le cambió las reglas en mitad del partido.
Las cincuenta y cinco organizaciones no mencionan eso. Tampoco mencionan que Honduras salió del CIADI en 2024 y siguió enfrentando arbitrajes internacionales exactamente igual, porque los tratados bilaterales de inversión tienen vida propia con independencia de la membresía al mecanismo. Salir no protegió al Estado. Solo eliminó la posibilidad de que Honduras participara activamente en su propia defensa en el foro más reconocido del mundo para este tipo de disputas.
El pronunciamiento tampoco pregunta lo más obvio: si el CIADI es tan terrible para los Estados, ¿por qué la mayoría de los países del mundo siguen siendo miembros? ¿Por qué los países que han salido —Bolivia, Ecuador, Venezuela— no han generado con ello un modelo de desarrollo que sus propios ciudadanos no quieran abandonar?
Lo que el pronunciamiento hace, en cambio, es mezclar en el mismo párrafo el CIADI, las ZEDEs, Próspera y los conflictos mineros que han generado violencia en Honduras, todo junto, todo contaminado por asociación, esperando que la emoción haga el trabajo que el razonamiento no puede. No es análisis. Es propaganda con vocabulario técnico.
Honduras tiene un sesenta por ciento de hogares en pobreza. Tiene una emigración masiva que es la evidencia más dolorosa de un país que no consigue retener a su gente. Lo que Honduras necesita no es cerrar puertas a los mecanismos internacionales de inversión. Lo que necesita es exactamente lo que la firma del 6 de marzo representa: la señal de que aquí las reglas se respetan, de que los compromisos se cumplen, de que quien venga a crear empleo encontrará un Estado que no le cambia las condiciones a mitad del camino.
El CIADI no es el problema, es la solución