La propuesta para crear el Consejo de la Judicatura vuelve a abrir una discusión sensible: quién debe administrar, nombrar y disciplinar dentro del Poder Judicial sin comprometer su independencia.
La discusión sobre la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial no es un asunto reservado para abogados, magistrados o diputados. Es una decisión que puede marcar la forma en que Honduras administra justicia durante los próximos años.
El tema volvió a tomar fuerza después de que el Decreto 10-2026 ordenara al Poder Judicial presentar una iniciativa de ley para establecer el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Según análisis publicados sobre el proceso, la normativa busca crear un órgano encargado de la administración y disciplina del sistema judicial, un vacío institucional que ha mantenido abierta la discusión sobre nombramientos, traslados, sanciones y carrera judicial.
La Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad un nuevo anteproyecto de Ley de la Judicatura y Carrera Judicial, que será enviado al Congreso Nacional para su discusión.
Lo que está en juego
La pregunta central es sencilla, pero de enorme peso institucional: ¿quién debe controlar la administración interna del Poder Judicial?
En un sistema democrático, la justicia no solo debe ser independiente al dictar sentencias. También debe serlo en su funcionamiento interno. Eso incluye nombramientos, ascensos, traslados, régimen disciplinario y estabilidad de jueces y personal judicial.
Cuando esas decisiones quedan demasiado expuestas al poder político, la independencia judicial se debilita. Y cuando se debilita la independencia judicial, también se debilita la confianza del ciudadano en los tribunales.
El debate sobre el Consejo de la Judicatura apunta precisamente a ese punto: construir una estructura que profesionalice la carrera judicial y reduzca el riesgo de interferencia externa.
Una deuda institucional pendiente
Honduras ha arrastrado por años la falta de un Consejo de la Judicatura plenamente operativo. Diversos sectores han señalado que esa ausencia concentra decisiones administrativas dentro de la Corte Suprema de Justicia y dificulta la consolidación de una carrera judicial más profesional.
El Decreto 10-2026 trasladó de manera temporal al pleno de magistrados de la CSJ facultades administrativas como nombramientos, remociones, traslados y decisiones disciplinarias, mientras se conforma el Consejo de la Judicatura.
La temporalidad, sin embargo, no puede convertirse en excusa para improvisar. La nueva ley debe evitar que el Consejo nazca atrapado por cuotas, pactos o intereses partidarios.
El riesgo de politizar la justicia
Uno de los puntos más sensibles es el mecanismo de elección de los integrantes del Consejo. Expertos citados en el debate han advertido que mantener una intervención directa del Congreso en la designación de consejeros podría abrir riesgos de injerencia política.
Este punto es fundamental. Si el Consejo de la Judicatura termina siendo una extensión de acuerdos partidarios, la reforma perdería sentido desde su nacimiento. Honduras no necesita cambiar una concentración de poder por otra. Necesita un órgano técnico, independiente y con reglas claras.
La ciudadanía tiene derecho a saber quién nombrará a los consejeros, bajo qué criterios, con qué controles, durante cuánto tiempo y cómo se garantizará que no respondan a intereses políticos.
Carrera judicial: estabilidad y mérito
La carrera judicial debe ser más que una frase en una ley. Debe significar que jueces y funcionarios puedan avanzar por mérito, formación, experiencia y desempeño, no por cercanía política o influencia externa.
Una justicia profesional necesita estabilidad, pero también evaluación. Necesita independencia, pero también rendición de cuentas. Necesita proteger al juez honesto, pero sancionar al funcionario que abuse de su cargo.
Ese equilibrio es difícil, pero indispensable.
El Congreso tiene la última palabra
La aprobación del anteproyecto por parte de la CSJ abre la puerta a una nueva etapa: el debate legislativo. Allí se sabrá si el país está dispuesto a construir una reforma seria o si la ley terminará convertida en una negociación más.
El Congreso debe discutir el proyecto con transparencia, escuchar a jueces, empleados judiciales, academia, sociedad civil y sectores jurídicos. Una ley de esta importancia no debería aprobarse de prisa ni entre cálculos políticos.
Honduras necesita una justicia que responda a la Constitución y a los ciudadanos, no a presiones partidarias. La Ley de la Judicatura puede ser un paso en esa dirección, pero solo si nace con independencia real.
