Honduras entra en una nueva etapa de seguridad pública con una promesa ambiciosa: reducir la extorsión y la criminalidad sin volver al estado de excepción. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció que la estrategia se concentrará en 30 municipios prioritarios, identificados por su alta incidencia de extorsión, violencia y presencia de estructuras criminales.
El cambio no es menor. Durante los últimos años, el país recurrió a medidas excepcionales como respuesta al avance del crimen organizado, especialmente en zonas urbanas golpeadas por la extorsión. Sin embargo, la nueva línea oficial plantea dejar atrás ese modelo y concentrar recursos humanos, tecnológicos y operativos en los territorios donde el problema es más grave.
Según las autoridades, Honduras tiene 298 municipios, pero alrededor del 10% concentra una parte significativa de los hechos violentos. Bajo esa lógica, el Gobierno busca dirigir sus esfuerzos hacia los puntos críticos, en lugar de dispersar la presencia policial en todo el país sin una priorización clara.
La estrategia se sostiene en tres ejes principales: uso de tecnología y análisis de datos para identificar estructuras criminales, fortalecimiento de capacidades científicas de investigación y coordinación técnica con operadores de justicia para lograr sentencias efectivas contra los capturados.
El enfoque apunta a un problema de fondo: la seguridad no depende únicamente de capturar personas, sino de desarticular redes. En el caso de la extorsión, eso implica seguir el dinero, proteger a las víctimas, mejorar la investigación y garantizar que las denuncias terminen en procesos judiciales sólidos.
La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más golpea la vida económica del país. Comerciantes, transportistas, emprendedores y familias han enfrentado durante años presiones de estructuras criminales que afectan la actividad productiva, encarecen servicios y obligan a muchos negocios a operar con miedo.
Por eso, el reto de la nueva estrategia no será solo recuperar presencia policial en barrios y colonias. También deberá reconstruir confianza ciudadana. Si la gente no denuncia por miedo o desconfianza, el Estado queda ciego frente a una parte importante del problema.
Organizaciones de sociedad civil han cuestionado los resultados del estado de excepción. Un reporte citado por Contra Corriente señala que, durante la vigencia de esa medida, la extorsión siguió afectando a miles de hogares y que el número de hogares afectados habría pasado de 266 mil en 2022 a 304 mil en 2024, según datos atribuidos a la ASJ.
Ese antecedente obliga a mirar la nueva política con prudencia. La focalización puede ser una ruta más racional que las medidas generalizadas, pero solo funcionará si está acompañada de inteligencia real, depuración institucional, presencia permanente y coordinación entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
El ministro Velásquez también anunció una reingeniería operativa en la Policía Nacional, incluyendo el traslado de agentes asignados a escoltas de funcionarios hacia labores de seguridad pública en barrios y colonias. La medida busca optimizar el recurso humano disponible y reforzar el patrullaje preventivo.
Esa decisión toca un punto sensible: Honduras no puede enfrentar la criminalidad organizada con una institucionalidad débil o mal distribuida. Si hay policías cuidando privilegios mientras comunidades enteras viven bajo presión criminal, la estrategia nace desequilibrada.
El nuevo modelo también incorpora cooperación internacional. Las autoridades han mencionado coordinación con Estados Unidos bajo el programa denominado Escudo de las Américas, con el objetivo de fortalecer capacidades frente a amenazas del crimen organizado.
Pero ninguna cooperación externa sustituye la responsabilidad interna. Honduras necesita inteligencia financiera, investigación criminal moderna, control territorial legítimo y un sistema judicial capaz de procesar casos complejos. Sin eso, cualquier operativo corre el riesgo de producir capturas momentáneas sin desmontar las estructuras que sostienen la extorsión.
El país enfrenta, además, una discusión delicada: cómo garantizar seguridad sin sacrificar derechos. La promesa oficial de no volver al estado de excepción responde también a críticas sobre el uso prolongado de medidas extraordinarias y sus efectos sobre la institucionalidad democrática.
La seguridad ciudadana requiere firmeza, pero también legalidad. Para que la nueva estrategia tenga éxito, las autoridades deberán demostrar resultados verificables: menos extorsión, más denuncias protegidas, más casos judicializados, reducción de impunidad y mayor presencia institucional en las comunidades más vulnerables.
Honduras no necesita una seguridad de anuncio. Necesita una seguridad que funcione. La intervención focalizada en 30 municipios puede ser un paso correcto si abandona la lógica reactiva y construye una política sostenida, basada en datos, investigación y confianza ciudadana.
El verdadero examen será sencillo de medir: si los transportistas, pequeños comerciantes, familias y comunidades sienten que pueden vivir y trabajar sin miedo, la estrategia habrá avanzado. Si todo queda en operativos temporales, el país habrá cambiado el nombre del modelo, pero no el fondo del problema.
