El Decreto 107-2026 declara de interés nacional actividades vinculadas al agro, energía, turismo, ganadería y pequeños productores, con medidas para agilizar permisos y resguardar infraestructura clave.
Honduras cuenta con un nuevo marco legal orientado a proteger proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. El Decreto No. 107-2026, vigente desde el 26 de junio de 2026, aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, una normativa que busca dar mayor seguridad jurídica a inversiones productivas e infraestructura clave.
La ley declara de interés, prioridad y protección nacional los proyectos comprendidos en esos sectores, lo que abre la puerta a una tramitación administrativa preferente y a plazos más abreviados para permisos y autorizaciones. El objetivo central es reducir obstáculos burocráticos que, durante años, han sido señalados como una de las principales barreras para ejecutar inversiones en el país.
Uno de los puntos más relevantes es su aplicación al sector energético. La normativa incluye instalaciones, servidumbres, derechos de vía, líneas de transmisión, subestaciones y centrales de generación, áreas claves para un país que enfrenta altos costos eléctricos, pérdidas en el sistema y una fuerte presión sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
La aprobación de esta ley ocurre en un momento en que Honduras necesita atraer capital privado, acelerar proyectos productivos y mejorar su capacidad de ejecución. Para inversionistas, desarrolladores, entidades financieras y patrocinadores de proyectos, el nuevo marco puede representar una señal de mayor protección para operaciones de infraestructura, energía y financiamiento.
La normativa también contempla medidas frente a invasiones, ocupaciones y bloqueos que puedan afectar proyectos o infraestructura estratégica. Además, garantiza el libre tránsito de maquinaria, equipos, combustibles e insumos necesarios para la construcción y operación de estos proyectos, un punto sensible para actividades que dependen de continuidad logística.
Sin embargo, el reto principal estará en la implementación. Una ley de protección puede ayudar a destrabar inversiones, pero su impacto dependerá de la coordinación entre instituciones, la transparencia en la selección de proyectos y el respeto a las comunidades, al ambiente y a los procedimientos técnicos correspondientes.
En el caso de los permisos, la reducción de tiempos puede convertirse en una ventaja competitiva para Honduras si se aplica con reglas claras. Pero también exige controles adecuados para evitar que la agilidad administrativa sea interpretada como debilitamiento de la supervisión ambiental, territorial o municipal.
El país necesita inversión, pero también necesita confianza. Esa confianza no se construye únicamente con decretos, sino con instituciones capaces de aplicar la ley de manera pareja, sin discrecionalidad política y con certeza para todas las partes involucradas.
La nueva legislación podría convertirse en una herramienta importante para impulsar infraestructura, energía, turismo y producción agroindustrial. Pero su éxito dependerá de que logre equilibrar tres objetivos: atraer inversión, proteger proyectos estratégicos y garantizar que el desarrollo económico avance con orden, legalidad y beneficios reales para Honduras.
