La inseguridad alimentaria vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional luego de que datos divulgados por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAH advirtieran que entre el 40 % y el 45 % de los hogares hondureños ha pasado de tres tiempos de comida al día a solo dos, en un contexto marcado por la crisis económica, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo.
Tegucigalpa, Honduras / La reducción de tiempos de comida ya no es una señal aislada de precariedad, sino un síntoma extendido de presión económica sobre miles de familias. De acuerdo con las estimaciones asociadas al OBSAN-UNAH, esta situación afecta a más de un millón de hogares y coloca a por lo menos 2.2 millones de personas en riesgo de enfrentar inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses.
El deterioro no solo se refleja en la cantidad de comida, sino también en la calidad de la dieta. La propia universidad señala que muchos hogares están sustituyendo alimentos más nutritivos por opciones más baratas para poder sostenerse, una dinámica que golpea con mayor fuerza a familias de bajos ingresos, hogares con niños y sectores rurales.
Los datos recopilados por el observatorio también muestran el peso creciente de la alimentación en el presupuesto familiar. Una investigación del OBSAN en 15 departamentos encontró que el 47.97 % de los hogares destina la mitad de su ingreso a la compra de alimentos y que otro 31 % dedica incluso más de la mitad, dejando menos margen para cubrir salud, educación, transporte y otras necesidades esenciales.
El panorama social de fondo agrava todavía más la alerta. Investigaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAH, citadas en la cobertura universitaria, estiman que más de 6.7 millones de hondureños viven en pobreza, unos 4.4 millones en pobreza extrema y cerca de 1.3 millones sobreviven con menos de un dólar al día. En esas condiciones, cualquier alza en la canasta básica o caída en los ingresos golpea de forma directa la capacidad de alimentarse adecuadamente.
La advertencia también reabre el debate sobre la respuesta del Estado. Honduras cuenta con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente desde 2011, cuyo objetivo es coordinar acciones para mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en los grupos más vulnerables. Sin embargo, el nuevo deterioro descrito por la UNAH sugiere que el desafío ya no es solo normativo, sino de ejecución efectiva, focalización y capacidad de respuesta frente al aumento del costo de vida.
Más que una estadística, el dato de hogares que comen menos retrata una presión silenciosa que se está trasladando a la mesa de miles de familias. Para Honduras, el riesgo es que la inseguridad alimentaria deje de ser vista como una emergencia sectorial y pase a consolidarse como una expresión cotidiana de la fragilidad económica del país.
