Washington/Managua — 26 de febrero de 2026. La Administración Trump anunció este jueves nuevas sanciones contra cinco altos cargos del Gobierno de Nicaragua, a quienes acusa de sostener —desde áreas clave como finanzas, telecomunicaciones, trabajo e inteligencia militar— el aparato que permite la represión política en el país centroamericano.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y apunta a funcionarios vinculados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Trabajo, el ente regulador TELCOR y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) del Ejército.
Quiénes son los sancionados
OFAC incluyó en la lista a:
- Denis Membreño Rivas, director de la UAF, y Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector, señalados por el uso de mecanismos antilavado para perseguir a opositores y afectar fondos o activos sin sustento legal, según Washington.
- Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra de Trabajo desde agosto de 2025, a quien el Tesoro vincula con abusos laborales y un entorno de “competencia desleal” que, sostiene, eleva riesgos para empresas que invierten u operan en Nicaragua.
- Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora general de TELCOR desde 2023, institución descrita por EE. UU. como pieza central de vigilancia estatal con mayores facultades desde reformas legales recientes.
- Leonel José Gutiérrez López, mayor general del Ejército y jefe de DICIM, organismo que el Tesoro presenta como una de las estructuras más opacas y poderosas para tareas de monitoreo interno y coordinación con cuerpos de seguridad.
Qué implican las sanciones
El Tesoro explicó que, como resultado, quedan bloqueados los bienes e intereses de los sancionados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Además, se extiende el bloqueo a entidades que sean propiedad, directa o indirecta, en un 50% o más de una o varias personas designadas.
Las reglas de OFAC, añadió el comunicado, prohíben en general las transacciones que involucren propiedad o intereses de los sancionados, salvo autorización mediante licencias. El Tesoro advirtió que las infracciones pueden conllevar consecuencias civiles o penales, y remarcó que OFAC puede imponer sanciones civiles bajo un estándar de “responsabilidad estricta”.
Contexto: represión y endurecimiento del pulso diplomático
En su anuncio, el Tesoro enmarcó las sanciones en una estrategia para presionar al binomio gobernante en Nicaragua, al que denomina “Murillo-Ortega”, y afirmó que desde 2018 se han producido acciones de represión, persecución y control del poder estatal. También mencionó una reforma constitucional aprobada en enero de 2025 que, según Washington, reforzó el control del Ejecutivo y elevó a Rosario Murillo a la figura de “copresidenta”.
La decisión llega además después de que, según informó la prensa, EE. UU. anunciara la semana pasada la prohibición de entrada al país del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, donde se concentran numerosos presos políticos.
