UNAH advierte que el transporte estudiantil gratuito podría suspenderse por falta de transferencias del Estado

Tegucigalpa — 26 de febrero de 2026. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) alertó que el transporte estudiantil gratuito —del que dependen miles de alumnos para llegar a clases— podría suspenderse si el Gobierno central no realiza las transferencias presupuestarias pendientes, en medio de un arranque de año marcado por atrasos financieros.

El rector Odir Fernández explicó que la universidad enfrenta un desfase que se arrastra desde 2025 y que se ha agravado porque aún no se aprueba el presupuesto, lo que, según dijo, ha impedido contar con transferencias correspondientes a 2026. En declaraciones difundidas este jueves, detalló que la UNAH cerró el año pasado con una deuda de 519 millones, y que al iniciar el año la cifra llegó a 719 millones; añadió que la semana pasada el Estado transfirió 200 millones “de la deuda del año pasado”.

Fernández señaló que, pese a la situación, el transporte se mantiene “de forma normal” y beneficia a más de 20 mil jóvenes diariamente a nivel nacional, pero advirtió que los proveedores ya están exigiendo pagos y que, sin flujo de fondos, la institución queda contra la pared para sostener el servicio.

Riesgo de efecto dominó: transporte, construcción y alimentos

El rector agregó que han sostenido conversaciones con el ministro de Finanzas, quien habría pedido “un compás de espera”. Sin embargo, aseguró que la falta de transferencias también amenaza otros compromisos operativos, incluyendo proyectos de construcción y el componente de alimentos, que —según dijo— ya tiene censos y beneficiarios identificados, pero no puede ponerse en marcha sin recursos.

Un servicio bajo presión desde varios frentes

La advertencia financiera llega en un momento en que el programa de transporte también ha estado en el foco público por disputas y señalamientos alrededor de su contratación. En días recientes, medios regionales reportaron que existían denuncias y revisiones relacionadas con el proceso de adjudicación, mientras la rectoría defendía la legalidad del esquema.

Por ahora, la universidad no fijó una fecha de suspensión, pero el mensaje fue claro: si no se normalizan las transferencias estatales, el transporte gratuito —uno de los apoyos más sensibles para la permanencia estudiantil— queda en riesgo inmediato.

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