La decisión estadounidense impide que los productos hondureños enfrenten una tarifa del 12.5 %, aunque el sector privado advierte que el arancel vigente continúa restando competitividad a empresas exportadoras y poniendo empleos en riesgo.
Honduras logró evitar que Estados Unidos elevara al 12.5 % el arancel aplicado a sus exportaciones, pero deberá continuar pagando una tarifa adicional del 10 % para los productos que no estén incluidos dentro de las excepciones establecidas por las autoridades estadounidenses.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a Honduras entre las 17 economías sujetas a la tasa más baja dentro del nuevo esquema arancelario aprobado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La medida entró en vigor el viernes 24 de julio de 2026 y establece aranceles del 10 % para los países que adoptaron prohibiciones, mecanismos parciales o compromisos dirigidos a impedir la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Las demás economías investigadas quedaron sujetas a una tarifa del 12.5 %.
Adopción de normativa permitió reducir la tarifa
La resolución estadounidense señala que Honduras adoptó una prohibición relacionada con la importación de productos elaborados con trabajo forzoso después de la publicación de las conclusiones preliminares de la investigación.
Este cambio permitió que el país fuera ubicado en el grupo sujeto al arancel del 10 %, evitando el incremento adicional de 2.5 puntos porcentuales.
El proceso comenzó en marzo de 2026, cuando Estados Unidos abrió investigaciones contra 60 economías para determinar si sus políticas y leyes eran suficientes para impedir el ingreso de bienes fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
Tras consultas con los gobiernos, audiencias públicas y la recepción de miles de comentarios, la administración estadounidense decidió imponer tarifas diferenciadas dependiendo de las acciones adoptadas por cada país.
El mecanismo no representa una acusación directa de que las exportaciones hondureñas sean producidas mediante trabajo forzoso. La investigación se concentró en determinar si el país contaba con leyes y procedimientos efectivos para impedir la importación de ese tipo de mercancías desde otros mercados.
COHEP reconoce avance, pero pide eliminar el 10 %
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, consideró positivo que Honduras evitara la tarifa del 12.5 %, pero advirtió que mantener el arancel del 10 % continúa representando una carga importante para las empresas nacionales.
Gallardo señaló que el gravamen afecta a sectores que generan miles de puestos de trabajo y compiten en el mercado estadounidense contra productores de otros países.
El sector privado sostiene que las autoridades hondureñas deben continuar las negociaciones con Washington para obtener una eliminación total del arancel o ampliar el número de productos exceptuados.
“Ya hay un logro de haber evitado ese 2.5 por ciento adicional”, manifestó Gallardo, quien destacó los compromisos internacionales adquiridos por Honduras para combatir el trabajo forzoso y proteger los derechos laborales.
Textiles, café y banano entre los productos protegidos
El COHEP destacó que productos importantes para la economía hondureña, entre ellos textiles, café y banano, cuentan con excepciones o mecanismos especiales dentro de la nueva estructura comercial.
La normativa estadounidense incluye una excepción para determinados textiles y prendas procedentes de los países integrantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Esta protección es especialmente relevante para Honduras debido al peso de la industria maquiladora en las exportaciones, la generación de empleo y la economía de la zona norte.
Sin embargo, otros sectores manufactureros y agroindustriales seguirán enfrentando el arancel del 10 %, aumentando el precio de sus productos cuando ingresen al mercado estadounidense.
Para las empresas hondureñas, el impacto dependerá de su capacidad para absorber el nuevo costo, trasladarlo a los compradores o renegociar contratos con sus clientes.
Riesgo para exportaciones y empleo
El pago de un arancel adicional reduce la competitividad de los productos hondureños frente a mercancías procedentes de países que cuentan con excepciones más amplias o menores costos de producción.
Cuando el importador estadounidense debe pagar una tarifa mayor, puede exigir una reducción del precio al proveedor hondureño, buscar productos sustitutos o trasladar el incremento al consumidor final.
Cualquiera de estas posibilidades puede afectar los ingresos de las empresas exportadoras y limitar su capacidad para invertir, ampliar operaciones o contratar nuevos trabajadores.
El sector privado advierte que una reducción prolongada de las exportaciones podría traducirse en pérdida de empleos, particularmente en regiones donde las actividades industriales y agrícolas dependen del comercio con Estados Unidos.
Gallardo también relacionó la estabilidad de los sectores exportadores con la migración, al señalar que el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo pueden impulsar a más hondureños a buscar oportunidades fuera del país.
Estados Unidos continúa como principal mercado
Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y recibe más de la mitad de las exportaciones nacionales.
Productos textiles, café, banano, arneses eléctricos, puros, camarones, melón y otras mercancías hondureñas dependen ampliamente del acceso al mercado estadounidense.
Esta relación convierte cualquier cambio arancelario en un asunto estratégico para la economía nacional.
Aunque el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR eliminó o redujo numerosas barreras comerciales, la nueva tarifa fue aplicada bajo una legislación estadounidense diferente, utilizada para responder a prácticas que Washington considera perjudiciales para su comercio.
La medida demuestra que los beneficios de un acuerdo comercial pueden verse afectados por decisiones adoptadas mediante otros mecanismos legales.
Gobierno deberá continuar negociaciones
El resultado representa un alivio parcial para Honduras, porque evita el escenario más severo del 12.5 %, pero no resuelve completamente la preocupación de los exportadores.
El Gobierno deberá continuar demostrando la aplicación efectiva de las normas contra el trabajo forzoso y mantener conversaciones con las autoridades estadounidenses para buscar nuevas excepciones.
También será necesario fortalecer los controles aduaneros, la trazabilidad de las mercancías y los mecanismos destinados a identificar productos fabricados mediante prácticas laborales prohibidas.
El cumplimiento de estas obligaciones podría abrir la posibilidad de futuras revisiones o modificaciones en la tarifa aplicada a Honduras.
Mientras tanto, el sector productivo deberá adaptarse a un gravamen que continuará afectando parte de sus operaciones en el mercado más importante para las exportaciones nacionales.
Honduras evitó un golpe arancelario mayor, pero el desafío ahora será lograr que el 10 % restante no se convierta en una barrera permanente para la inversión, la producción y el empleo.
