TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Las exportaciones hondureñas hacia Estados Unidos enfrentan un nuevo escenario de incertidumbre después de que Washington estableciera un arancel del 10 % sobre gran parte de los productos procedentes de Honduras, como parte de una amplia ofensiva comercial relacionada con la prevención del trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro.
La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301 de su legislación comercial y afecta a Honduras junto con otros socios como Guatemala, El Salvador, México, Canadá, India y el Reino Unido.
El arancel comenzó a aplicarse el 24 de julio de 2026, reemplazando el gravamen global temporal del 10 % que Estados Unidos había mantenido durante los meses anteriores. Esto significa que no necesariamente representa un aumento inmediato sobre todos los productos hondureños, pero convierte esa carga en una medida más estable y jurídicamente vinculada a una investigación comercial específica.
Washington utiliza los aranceles como instrumento de presión
Estados Unidos inició en marzo investigaciones contra 60 economías por considerar que no contaban con mecanismos suficientemente efectivos para impedir la importación de productos fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La investigación no acusa directamente a todas las empresas hondureñas de utilizar este tipo de prácticas. El señalamiento de Washington se concentra en la ausencia, insuficiencia o débil aplicación de normas nacionales capaces de bloquear mercancías extranjeras vinculadas con trabajo forzoso.
Honduras adoptó posteriormente una prohibición de importación relacionada con estos productos. Esa decisión permitió que el país quedara dentro del grupo sujeto a una tarifa del 10 %, inferior al 12.5 % aplicado a economías que no tomaron medidas equivalentes.
Sin embargo, Washington concluyó que aprobar una prohibición no era suficiente y que los países también debían demostrar su aplicación efectiva.
La maquila aparece entre los sectores más expuestos
El principal riesgo para Honduras se concentra en los sectores que dependen intensamente del mercado estadounidense, especialmente la industria textil y de confección.
Estados Unidos es el destino dominante de buena parte de las prendas elaboradas en las zonas industriales hondureñas. La aplicación de una tarifa adicional puede encarecer esas mercancías frente a productos fabricados en países competidores, reducir los márgenes de ganancia de las empresas y provocar que algunos compradores reconsideren sus contratos.
La importancia del sector para Honduras es considerable. Un estudio del Fondo Monetario Internacional señaló que las exportaciones de textiles y prendas de vestir equivalen aproximadamente al 11 % del producto interno bruto hondureño, una de las proporciones más altas entre los países de Centroamérica y República Dominicana.
El impacto dependerá de quién absorba el costo. La tarifa puede ser asumida por el importador estadounidense, trasladada al consumidor mediante precios más altos o utilizada para presionar a los fabricantes hondureños a reducir sus precios.
En cualquiera de esos escenarios, las empresas nacionales podrían enfrentar menores ingresos, pérdida de competitividad o dificultades para conservar empleos.
No todos los productos pagarán el arancel
La disposición contempla numerosas excepciones. Estados Unidos excluyó materias primas indispensables, productos cuya ausencia podría provocar alteraciones económicas, mercancías que no se producen en cantidades suficientes dentro de ese país y algunos artículos considerados estratégicos.
También quedaron fuera varias categorías sujetas a otros regímenes comerciales, junto con determinados productos alimenticios, energéticos, fertilizantes y minerales críticos.
La Oficina del Representante Comercial evaluó además un mecanismo especial que permitiría el ingreso de determinados volúmenes de textiles y prendas con una tarifa reducida. Su alcance dependerá de las condiciones establecidas para cada economía y de la capacidad de sus empresas para demostrar el origen de los insumos utilizados.
Por esa razón, el impacto no será uniforme. Algunas exportaciones podrían quedar exentas, mientras otras enfrentarán el 10 % completo.
El tratado de libre comercio no elimina la nueva carga
Honduras mantiene acceso preferencial al mercado estadounidense mediante el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
No obstante, los beneficios arancelarios del tratado no impiden que Washington aplique medidas adicionales bajo otras disposiciones de su legislación, como la Sección 301.
Esto crea un escenario en el que un producto puede cumplir las reglas de origen del tratado y conservar su preferencia ordinaria, pero aun así quedar sujeto al nuevo gravamen relacionado con la investigación sobre trabajo forzoso.
La situación obliga a las empresas hondureñas a revisar con mayor precisión el origen de sus materias primas, sus proveedores internacionales y la trazabilidad completa de sus cadenas de producción.
Honduras deberá demostrar cumplimiento, no solo aprobar leyes
La respuesta del Gobierno hondureño no puede limitarse a cuestionar la decisión estadounidense. Para reducir la presión comercial, el país tendrá que demostrar que su prohibición contra productos vinculados con trabajo forzoso funciona realmente.
Esto implica establecer procedimientos aduaneros, identificar mercancías de riesgo, investigar proveedores, compartir información con autoridades estadounidenses y garantizar que los insumos utilizados por la industria nacional no provengan de cadenas cuestionadas.
La exigencia puede afectar especialmente a empresas que utilizan algodón, tejidos, componentes o materias primas importadas desde distintos países antes de transformar el producto en Honduras.
Aunque la fabricación final ocurra en territorio hondureño, Washington puede examinar el origen de los materiales incorporados.
La competencia regional será determinante
Honduras no es el único país afectado. Guatemala y El Salvador también quedaron sujetos a la tarifa del 10 %, mientras otras economías deberán pagar un 12.5 %.
Esto reduce parcialmente el riesgo de que las empresas estadounidenses trasladen inmediatamente sus pedidos hacia países centroamericanos vecinos, debido a que enfrentan condiciones similares.
Sin embargo, la competencia no depende únicamente del porcentaje arancelario. Influyen también el costo de la electricidad, la productividad, la seguridad jurídica, los tiempos aduaneros, la infraestructura portuaria y la capacidad de garantizar cadenas de suministro verificables.
Los países capaces de demostrar mayor cumplimiento y negociar excepciones tendrán una ventaja para conservar inversiones y empleos.
Una advertencia para el modelo exportador hondureño
El nuevo arancel evidencia la vulnerabilidad de una economía que depende ampliamente de un solo mercado y de unos pocos sectores exportadores.
La cercanía con Estados Unidos continúa siendo una ventaja para Honduras, especialmente frente a proveedores asiáticos que necesitan tiempos de transporte más largos. Sin embargo, esa proximidad no garantiza acceso permanente sin condiciones.
Las reglas comerciales estadounidenses están incorporando exigencias laborales, ambientales, tecnológicas y de seguridad cada vez más estrictas. Las empresas hondureñas deberán adaptarse o correrán el riesgo de perder espacio frente a competidores capaces de demostrar mayor transparencia.
El desafío inmediato será impedir que el nuevo gravamen se traduzca en cancelación de pedidos, reducción de inversiones o pérdida de empleos. A largo plazo, Honduras necesitará diversificar sus exportaciones, agregar valor a su producción y reducir su dependencia de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.
