El Congreso Nacional de Honduras vuelve a escena después del receso de Semana Santa con una agenda cargada de temas que prometen marcar el pulso político del país en abril de 2026. Entre los asuntos que concentran mayor expectativa figuran la discusión del Presupuesto General 2026, la continuidad de los juicios políticos contra altos funcionarios y el impulso a un paquete de reformas penales orientadas a endurecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
De acuerdo con reportes publicados el 4 de abril de 2026 por medios hondureños, la actividad legislativa retomará prioridad sobre temas económicos, institucionales y de seguridad una vez concluido el asueto. Tanto El Heraldo como La Prensa coinciden en que el Legislativo regresará con una agenda dominada por esos tres ejes, en un contexto de fuerte polarización y presión por decisiones pendientes de alto impacto nacional.
Uno de los puntos centrales es el Presupuesto General de la República 2026, cuyo documento reformulado aún debe llegar al Congreso para su discusión. En marzo, medios hondureños reportaron que el gobierno trabaja en una versión revisada que contempla una reducción superior a 30 mil millones de lempiras frente a la propuesta inicial de más de 469 mil millones, con la intención de ajustar el gasto a una cifra cercana a 430 mil millones de lempiras antes de su envío al Legislativo.
La importancia del presupuesto no es menor. Su aprobación definirá la hoja de ruta fiscal del próximo ejercicio y servirá de base para el funcionamiento de secretarías de Estado, programas públicos e inversiones prioritarias. El tema ya venía señalado desde enero entre los principales pendientes legislativos, lo que explica por qué ahora se perfila como uno de los expedientes más sensibles del nuevo tramo parlamentario.
En paralelo, el Congreso también mantiene abierta la ruta de los juicios políticos, un mecanismo que ha ganado protagonismo en las últimas semanas. Reportes de finales de marzo indican que existen solicitudes formales para someter a juicio político a funcionarios vinculados al ámbito electoral, entre ellos Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, y Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral. Además, La Prensa y El Heraldo reportan que la lista de posibles casos podría ampliarse, en medio de una fase de fiscalización parlamentaria que sigue escalando.
El otro gran bloque de discusión será el de las reformas penales. Según información difundida esta semana, el impulso legislativo incluye propuestas para aumentar penas por extorsión, castigar con mayor severidad a quienes utilicen a menores, adultos mayores o miembros de cuerpos de seguridad y del sistema financiero para cobrar el llamado “impuesto de guerra”, así como fortalecer la regulación de transferencias electrónicas y el rastreo de cuentas usadas en estas actividades. También se ha mencionado la posibilidad de avanzar hacia una figura más dura contra estructuras criminales, aunque parte de ese debate todavía depende de criterios jurídicos adicionales.
El arranque de esta nueva etapa legislativa llega en un momento en que la seguridad, el control del gasto público y la tensión institucional ocupan un lugar central en la conversación nacional. Por eso, el regreso del Congreso no solo representa la reapertura de sesiones después del feriado, sino también el inicio de una fase decisiva para definir prioridades políticas, económicas y judiciales en Honduras.
