El juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, entró en una fase decisiva en el Congreso Nacional de Honduras, donde su comparecencia ante la comisión especial volvió a elevar la temperatura política del país.
Tegucigalpa, Honduras / El proceso, considerado inédito en la historia reciente hondureña, se desarrolla después de que el pleno aprobara con 93 votos la admisión de la denuncia y su suspensión temporal del cargo.
La apertura del caso no solo marca un precedente institucional, sino que también reactiva la discusión sobre los límites del poder político y la rendición de cuentas de los altos funcionarios.
En Honduras, el juicio político está contemplado en el artículo 234 de la Constitución y desarrollado por la Ley Especial de Juicio Político, Decreto 51-2013, que establece que para funcionarios distintos al presidente se requiere el voto favorable de dos tercios del Congreso, es decir, al menos 86 diputados.
Durante su presentación ante los nueve diputados que integran la comisión especial, Zelaya defendió su actuación al frente del Ministerio Público y negó haber impulsado persecución política. Sin embargo, reportes periodísticos sobre la audiencia señalan que varias de sus respuestas no disiparon las dudas sobre decisiones tomadas en el contexto de la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y la actuación del Ministerio Público frente a hechos denunciados en ese período.
Uno de los puntos más delicados de la audiencia giró en torno al material entregado por el consejero del CNE, Marlon Ochoa. Según la cobertura de la comparecencia, Zelaya reconoció que ordenó el secuestro de documentos del Consejo Nacional Electoral y también confirmó que recibió una memoria USB con audios que luego dieron pie a actuaciones del Ministerio Público. No obstante, la explicación sobre el tratamiento técnico de ese material dejó cuestionamientos abiertos, en particular sobre la validación pericial y la cadena de resguardo.
Desde su defensa, el fiscal suspendido ha insistido en que el proceso tiene una motivación política. También sostuvo que la comisión no garantiza plena objetividad, que el tiempo otorgado para preparar su descargo ha sido limitado y que la suspensión del cargo dificulta su acceso a documentación que considera clave para sustentar su posición. Además, rechazó haber interferido en el proceso electoral y aseguró que sus decisiones se tomaron bajo criterios legales.
La comisión especial también escuchó a siete testigos, entre ellos exfuncionarios del CNE y empleados vinculados al Ministerio Público. De acuerdo con lo informado tras las audiencias, varios de esos testimonios apuntaron a presuntos abusos de autoridad, intimidación y actuaciones irregulares durante la gestión de Zelaya, señalamientos que ahora deberán ser evaluados en el informe que será remitido al pleno legislativo.
Lo que ocurra en las próximas horas será determinante. Conforme a la Ley Especial de Juicio Político, la comisión debe investigar, escuchar al funcionario enjuiciado y presentar un informe con recomendaciones al pleno, que luego debe debatir y votar la continuidad o la destitución. El presidente de la comisión recordó que Zelaya todavía tiene derecho a ser escuchado en el hemiciclo antes de la decisión final.
Más allá del desenlace personal para Johel Zelaya, este caso ya abrió una discusión de mayor alcance: si Honduras está ante un mecanismo legítimo de control político o ante una nueva expresión de la polarización que domina sus instituciones.
En cualquier escenario, el primer juicio político activado bajo este marco legal quedará como una referencia obligada para medir la fortaleza —o fragilidad— del sistema democrático hondureño.
