La admisión del juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya abrió un nuevo frente de confrontación en Honduras, pero también provocó una reacción casi inmediata dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos dirigentes han cerrado filas alrededor del funcionario y presentan el proceso como un intento de reconfigurar el control institucional del país.
Tegucigalpa, Honduras / El Congreso aprobó el 23 de marzo la denuncia contra Zelaya con 93 votos y lo suspendió de forma provisional; al día siguiente compareció durante unas tres horas ante una comisión especial, que ahora deberá emitir un informe para el pleno.
La primera respuesta vino desde la propia bancada rojinegra. Libre rechazó la apertura del juicio político y denunció que la medida vulnera la institucionalidad, mientras sus diputados protestaron en el hemiciclo con pancartas, consignas y objeciones al procedimiento. Distintos reportes coinciden en que la bancada interpretó la decisión como una maniobra impulsada por el bipartidismo para desplazar a un funcionario que consideran incómodo para ciertos sectores de poder.
El jefe de bancada, Ronald Panchamé, centró su reacción en la legalidad del trámite. Según sus declaraciones, no se habrían alcanzado correctamente los votos requeridos y, además, cuestionó que la votación no fuera electrónica. Panchamé también sostuvo que Libre seguirá defendiendo la institucionalidad y señaló como contradictorio que algunos diputados incluidos en la dinámica del proceso tengan expedientes o señalamientos previos vinculados a la Fiscalia.
En el plano político, una de las voces más duras fue la de Rixi Moncada. La dirigente de Libre y excandidata presidencial calificó el proceso como un “golpe institucional” y habló de una “nefasta alianza del bipartidismo impune”, argumentando que detrás del juicio existe un intento de concentración de poder. Su postura colocó el caso de Johel Zelaya no solo como una disputa sobre la gestión del Ministerio Público, sino como parte de una batalla mayor por el control de las instituciones del Estado.
Rafael Sarmiento, otro de los referentes visibles de Libre, también se sumó al cierre de filas. En declaraciones difundidas por UNE TV, advirtió que una eventual destitución de Zelaya podría abrir paso a un relevo alineado con el poder de turno y, según esa misma línea discursiva, favorecer escenarios de impunidad que incluso podrían terminar beneficiando a figuras como Juan Orlando Hernández.
A ese coro se añadieron otras voces del partido. Rasel Tomé sostuvo que las cúpulas del Partido Nacional y del Partido Liberal buscan colocar un fiscal “a su medida”, y vinculó la salida de Johel Zelaya con la posibilidad de avanzar luego contra el consejero electoral Marlon Ochoa. En la misma dirección, el diputado Melvin Martínez describió la medida como un “golpe institucional” con efectos políticos más amplios que el caso del fiscal.
Visto en conjunto, las reacciones de Libre muestran una línea bastante definida: el partido no está leyendo el juicio político como un simple mecanismo de control parlamentario, sino como una ofensiva política del bipartidismo para recuperar influencia sobre el sistema de justicia y, por extensión, sobre el tablero electoral e institucional del país. Esa es una inferencia respaldada por el tono coincidente de la bancada, Panchamé, Moncada, Sarmiento y Tomé.
Del otro lado, las bancadas que respaldaron la medida sostienen una lectura opuesta. La posición liberal, por ejemplo, ha sido que el proceso responde a actuaciones presuntamente incompatibles con la legalidad y al deber del Congreso de preservar el equilibrio institucional y el Estado de derecho.
Por ahora, el expediente sigue abierto. La comisión especial debe presentar su informe y será el pleno del Congreso el que determine si Johel Zelaya es destituido definitivamente o si se revoca su separación.
Mientras eso ocurre, Libre ya dejó clara su apuesta: convertir la defensa del fiscal en una nueva bandera de confrontación política.
