La reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica avanzó en el Congreso Nacional y volvió a colocar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, en el centro de la discusión pública. El proyecto fue aprobado en primer debate tras recibir dictamen favorable de la Comisión de Energía, que defendió la necesidad de actualizar el marco legal del subsector eléctrico y responder a los compromisos de Honduras dentro del Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica.
La propuesta plantea una reorganización profunda del modelo eléctrico hondureño, con separación de las áreas de generación, transmisión y distribución. Según los promotores de la iniciativa, el objetivo es mejorar la eficiencia, atraer inversión, combatir el hurto de energía, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, y ofrecer un servicio más estable a los usuarios.
El tema no es menor. La ENEE arrastra una crisis financiera que afecta directamente las cuentas públicas y la calidad del servicio. Reportes legislativos y declaraciones de autoridades citadas por medios nacionales estiman pérdidas superiores a los 50 millones de lempiras diarios, equivalentes a unos 16 mil millones de lempiras al año.
Gobierno y promotores niegan privatización
Uno de los puntos más sensibles del debate es el temor a una privatización de la estatal eléctrica. Autoridades de la ENEE, de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y diputados que respaldan la reforma han insistido en que el proyecto no contempla la venta de la empresa ni el traspaso de activos públicos a manos privadas. También aseguran que la propiedad estatal se mantiene y que cualquier decisión sobre bienes estratégicos tendría que pasar por el Congreso Nacional.
Bajo esa lectura, la reforma sería una herramienta para “salvar” a la ENEE, ordenar su funcionamiento interno y separar tareas que hoy se concentran en una estructura considerada obsoleta. La tesis oficial es que una empresa que genera, transmite, distribuye, arrastra deuda, enfrenta pérdidas elevadas y responde a presiones políticas termina siendo incapaz de prestar un servicio eficiente.
Sin embargo, la discusión no se limita a la intención declarada de la ley. El fondo del debate está en cómo se hará la separación, qué tipo de figuras jurídicas se crearán, quién controlará los activos estratégicos y cómo se evitará que la reorganización abra puertas futuras a una privatización progresiva.
Alertas técnicas sobre activos, deuda y gobernanza
El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, Cimeqh, respaldó la necesidad de modernizar el sistema eléctrico, pero pidió corregir puntos clave antes de aprobar la reforma definitiva. Entre sus preocupaciones están la protección de activos como represas, redes de transmisión y subestaciones; la falta de un plan claro para manejar la deuda heredada de la ENEE; y la necesidad de metas vinculantes para reducir pérdidas.
El anteproyecto contempla que la ENEE se convierta en una empresa matriz y que existan sociedades estatales independientes para generación, transmisión y distribución. La empresa de generación administraría las centrales hidroeléctricas y la producción de energía; la de transmisión manejaría las líneas de alta tensión; y la distribuidora se encargaría del suministro y la facturación a los consumidores. Según el texto conocido por medios nacionales, el Estado mantendría la propiedad de estas empresas a través de la ENEE.
Para sectores críticos, el problema está en que la creación de sociedades mercantiles, aunque sean estatales en una primera etapa, podría dejar abierta la puerta a cambios futuros. Criterio.hn, citando a especialistas del sector energético, planteó que la reforma podría facilitar una privatización encubierta si no se blindan legalmente los activos públicos y la composición accionaria de las nuevas empresas.
La pregunta clave: ¿modernización o riesgo patrimonial?
Honduras necesita una reforma eléctrica. Esa parte parece tener pocos opositores de fondo. El país no puede seguir normalizando apagones, pérdidas millonarias, redes deterioradas, deuda acumulada y un servicio que golpea tanto a los hogares como a las empresas.
Pero una reforma de este tamaño requiere precisión legal, transparencia y garantías. No basta con decir que no habrá privatización; el texto debe cerrar cualquier portillo que permita comprometer activos estratégicos del Estado o trasladar los costos del desorden a los abonados.
La discusión que ahora sigue en el Congreso será decisiva. Si la reforma logra ordenar la ENEE, reducir pérdidas y mejorar el servicio sin debilitar el patrimonio público, podría convertirse en una de las decisiones económicas más importantes del año. Si se aprueba sin suficientes candados, el país podría entrar en otro ciclo de promesas incumplidas, tarifas cuestionadas y desconfianza ciudadana.
Por ahora, la reforma eléctrica ya dejó claro algo: el futuro de la ENEE no es solo un asunto técnico. Es una discusión sobre finanzas públicas, soberanía energética, inversión, calidad del servicio y confianza en las instituciones.
