La negociación del salario mínimo para 2026 en Honduras continúa sin consenso, en medio de una nueva etapa de conversaciones entre representantes de los trabajadores, la empresa privada y el Gobierno.
Tegucigalpa, Honduras / La comisión tripartita volverá a reunirse este viernes 13 de marzo de 2026 en la capital para analizar formalmente las propuestas económicas presentadas por ambos sectores.
De acuerdo con lo que ha trascendido de la mesa de negociación, las centrales obreras plantean un aumento de 8.90%, mientras que el sector privado propone un ajuste de entre 6.5% y 7%. Esa diferencia mantiene abierto el debate sobre el monto final que deberán recibir los trabajadores hondureños durante este año.
Si se trasladan esos porcentajes a valores mensuales, la propuesta sindical equivale a un incremento de alrededor de 1,244 lempiras, mientras que la oferta empresarial ronda entre 910 y 980 lempiras. Como referencia, el salario mínimo promedio negociado para 2025 fue de 13,985.16 lempiras mensuales, tras un ajuste de 6.29% respecto a 2024.
Uno de los principales factores que pesa en la discusión es la inflación. El Banco Central de Honduras (BCH) reportó que la inflación interanual al cierre de 2025 fue de 4.98%, dentro del rango de tolerancia de mediano plazo de la autoridad monetaria. Ese dato sirve como una de las variables clave para fijar el reajuste del salario mínimo de 2026.
Con base en esa inflación de 4.98%, el ajuste mínimo de referencia sería de 696.46 lempiras mensuales, aunque el monto definitivo dependerá del resultado de la negociación tripartita. Además, el incremento que finalmente se acuerde deberá aplicarse de forma retroactiva al 1 de enero de 2026 y tendrá vigencia de 12 meses. Si no hay consenso entre las partes, la decisión final recaería en el Gobierno a través de la Secretaría de Trabajo.
El pulso entre trabajadores y empresarios refleja dos visiones distintas sobre la economía hondureña. Por un lado, las organizaciones obreras sostienen que el ajuste debe responder al costo de vida y a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo. Por el otro, el sector privado suele insistir en que cualquier aumento debe guardar equilibrio con la productividad, la inflación y la capacidad real de las empresas para sostener el empleo formal. Esta diferencia convierte la reunión del viernes en un punto decisivo para una negociación que impacta directamente a miles de hogares y negocios en el país.
