Un mensaje publicado en X por el senador estadounidense Peter Welch volvió a poner el foco internacional sobre la crisis institucional en Honduras, luego de que el Congreso destituyera al fiscal general Johel Zelaya y aceptara la renuncia de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En su publicación, Welch sostuvo que estas decisiones representan un golpe a la independencia de los poderes del Estado y advirtió sobre posibles nuevas acciones contra figuras vinculadas al ámbito electoral.
Tegucigalpa, Honduras / Peter Welch, senador estadounidense, reaccionó después de que el Congreso hondureño aprobara la salida definitiva de Zelaya, quien enfrentaba un juicio político, y nombrara en su lugar a Pablo Emilio Reyes Theodore. La misma jornada, Obando presentó su renuncia irrevocable como presidenta de la Corte Suprema, aunque anunció que seguiría como magistrada del pleno.
El proceso contra Zelaya estuvo relacionado con su actuación frente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral durante los comicios del 28 de noviembre de 2025. La fiscalía bajo su mando había abierto investigaciones y difundido audios que, según la acusación, vinculaban a dos consejeras con un supuesto plan de fraude electoral. Zelaya rechazó el procedimiento, denunció irregularidades y aseguró que no se le garantizó el debido proceso.
El mensaje de Welch no surgió en el vacío. Ya en octubre de 2025 el senador había expresado preocupación por la integridad del proceso electoral hondureño y por maniobras legales o judiciales que, a su juicio, podían debilitar la confianza pública en las elecciones. En esa ocasión, también insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la transparencia democrática en el país.
La alerta del senador coincide con advertencias previas de organismos internacionales. Human Rights Watch había señalado en noviembre de 2025 que la presión política sobre autoridades electorales y las investigaciones penales impulsadas contra ellas amenazaban el derecho de los hondureños a votar en elecciones libres y justas.
Tras la destitución de Zelaya y la salida de Obando de la presidencia de la Corte, CEJIL y otras organizaciones afirmaron el 26 de marzo de 2026 que existe preocupación por un posible uso indebido del juicio político contra altas autoridades del sistema de justicia y del ámbito electoral. El pronunciamiento también indicó que se han anunciado procedimientos contra otras autoridades electorales, en un contexto de alta polarización institucional.
En su publicación, Welch fue más allá y sugirió que el objetivo de estas acciones sería asegurar impunidad legal para el expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y, tras recibir un polémico perdón presidencial en diciembre de 2025, autoridades hondureñas activaron una orden de captura en su contra por presuntos delitos de fraude y lavado de dinero vinculados al caso Pandora.
La controversia promete mantener la atención nacional e internacional sobre Honduras, en momentos en que el equilibrio entre Congreso, sistema judicial y autoridades electorales vuelve a convertirse en el centro del debate político.
La intervención pública de Welch añade presión externa a una crisis que ya no solo se discute dentro del país, sino también en espacios políticos de Estados Unidos.
