Tegucigalpa — 26 de febrero de 2026. El Gobierno informó que el Presupuesto General de la República para 2026 se ajustará a alrededor de L430,000 millones, un recorte cercano a L39,000 millones frente al proyecto de L469,000 millones aprobado en septiembre de 2025 por la administración anterior, pero que no llegó a discutirse en el Congreso.
El anuncio fue realizado por el secretario de Prensa José Argueta tras el Consejo de Ministros del 25 de febrero, donde —según explicó— el recorte responde a una revisión del gasto público y, en particular, al crecimiento de la planilla estatal. Argueta afirmó que el aumento de la masa salarial habría sido de L20,000 millones anuales en la administración central, y que al extender el análisis al resto del sector público la cifra subiría a L33,000 millones.
Ahorro proyectado y medidas inmediatas
De acuerdo con el portavoz, la reprogramación presupuestaria y las decisiones administrativas buscan generar un ahorro estimado de L600 millones mensuales (unos L7,500 millones al año), mediante recortes en rubros como alquileres, combustible y otros gastos operativos, además de una reorganización institucional.
Como parte del plan, el Ejecutivo instruyó a los titulares de cada secretaría a presentar, en un plazo de dos semanas, un informe detallado sobre situación financiera, contratos, personal y proyectos, con el objetivo de identificar “duplicidades” y reordenar funciones. Entre los cambios mencionados se incluyen fusiones de instituciones con tareas superpuestas.
El Congreso apunta a marzo para aprobar la herramienta fiscal
En el Legislativo, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, declaró que la aprobación del Presupuesto 2026 podría concretarse en marzo, una vez que el Ejecutivo remita formalmente el anteproyecto y se alcancen consensos entre bancadas.
Economistas: recorte “histórico”, pero con riesgos si se golpea el gasto social
La economista Amparo Canales calificó la reducción como un hecho “histórico” —al señalar que usualmente el presupuesto crece año con año— y advirtió que el reto será reprogramar sin afectar la entrega de servicios públicos, priorizando salud, educación e inversión productiva.
Por ahora, el Ejecutivo no detalló aún cómo quedará distribuido el gasto por instituciones y programas; esa información se conocerá cuando el anteproyecto sea remitido al Congreso y empiece el debate de asignaciones, techos y prioridades para el año fiscal 2026.
