Una propuesta elaborada por exautoridades electorales plantea modificar más de 70 artículos, despolitizar las mesas de votación y abrir el debate sobre una eventual segunda vuelta presidencial.
El Congreso Nacional comenzó a evaluar un amplio paquete de reformas a la Ley Electoral que busca corregir algunas de las principales debilidades identificadas durante los últimos procesos electorales de Honduras.
La propuesta fue elaborada por un grupo multipartidario integrado por expresidentes y exfuncionarios del antiguo Tribunal Nacional de Elecciones, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral. El documento es resultado de varios meses de reuniones y análisis técnico.
Uno de los principales cambios propuestos es la denominada ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos. Bajo este modelo, los tres integrantes responsables de administrar cada mesa electoral no pertenecerían a los partidos políticos.
Las organizaciones políticas conservarían el derecho de acreditar fiscales para vigilar el proceso, pero dejarían de controlar directamente la integración de las mesas.
Los promotores sostienen que esta modificación podría disminuir las disputas partidarias, fortalecer la confianza en los resultados y reducir las posibilidades de manipulación durante la recepción y el conteo de los votos.
El paquete también plantea cambiar el mecanismo para seleccionar a los diputados suplentes. La propuesta contempla que las suplencias puedan ser ocupadas por los candidatos que obtuvieron las mayores votaciones sin alcanzar directamente una curul.
Segunda vuelta entra nuevamente al debate
El documento analiza además la posibilidad de establecer una segunda vuelta presidencial cuando ningún candidato alcance el respaldo mínimo que determine la legislación.
Los expertos no recomendaron directamente aprobar o rechazar ese sistema, pero presentaron sus posibles ventajas, costos y consecuencias políticas.
Una reforma de esta naturaleza necesitaría modificar disposiciones constitucionales, alcanzar al menos 86 votos en el Congreso y ser ratificada durante una legislatura posterior.
También se estudian modificaciones relacionadas con las alianzas políticas, la organización de los procesos primarios, la transmisión de resultados y la representación de los partidos dentro de los organismos electorales.
La Comisión de Asuntos Electorales deberá clasificar cuáles cambios pueden aprobarse mediante una reforma ordinaria y cuáles necesitan modificar la Constitución.
El debate pondrá a prueba la capacidad de las bancadas para construir acuerdos en un tema históricamente marcado por la desconfianza. Una reforma aprobada únicamente por una mayoría partidaria podría profundizar las divisiones, mientras que un consenso amplio ofrecería una oportunidad para fortalecer la legitimidad de las próximas elecciones.
