Tomás Zambrano presiona al Partido Liberal para que entregue su contrapropuesta a la reforma eléctrica. Los liberales condicionan sus votos a la incorporación de un plan alternativo que garantice la propiedad estatal, reduzca los apagones y evite que el rescate termine cargándose a los consumidores.
Tegucigalpa, Honduras.— La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa acumulando pérdidas millonarias mientras el Congreso Nacional prolonga una negociación política que todavía no consigue definir cómo rescatar el sistema eléctrico hondureño.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, pidió a la bancada del Partido Liberal presentar cuanto antes sus observaciones y propuestas técnicas para avanzar con las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica. El dirigente nacionalista aseguró que la discusión no responde únicamente a una prioridad del Gobierno o de su partido, sino a una crisis que afecta directamente a la población.
La presión aumenta porque el proyecto necesita consensos para superar su etapa definitiva en el pleno. Aunque el Partido Nacional defiende la iniciativa enviada por el Ejecutivo, los liberales rechazan respaldarla en su redacción actual y preparan una contrapropuesta basada en experiencias aplicadas en otros países centroamericanos.
El Partido Liberal tiene la llave de la reforma
La posición liberal será determinante para el futuro del proyecto. Su bancada sostiene que no se opone al rescate de la ENEE, pero exige que sus recomendaciones sean incorporadas antes de entregar los votos necesarios.
El diputado Johsy Toscano explicó que el documento está siendo construido con especialistas y que el apoyo dependerá de la apertura del Congreso para aceptar modificaciones. Los liberales han estudiado los modelos eléctricos de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica para identificar medidas que puedan adaptarse a Honduras.
La propuesta alternativa pretende preservar el carácter público de la empresa, garantizar tarifas justas, establecer subsidios focalizados, impulsar una auditoría forense y modernizar las redes de transmisión y distribución. También contempla mecanismos de evaluación, protección para los trabajadores y una mayor supervisión de los procesos regulatorios.
El Partido Liberal asegura que no busca bloquear al Gobierno. Sin embargo, considera que aprobar una reforma incompleta podría mantener los mismos problemas financieros o abrir espacios para que funciones estratégicas terminen en manos privadas.
Más de L16,000 millones perdidos cada año
La discusión ocurre mientras la estatal eléctrica registra pérdidas superiores a los 16,000 millones de lempiras anuales, según las cifras expuestas por las autoridades legislativas. Esto representa aproximadamente 1,500 millones de lempiras mensuales que deben cubrirse mediante recursos públicos, endeudamiento o ajustes que finalmente pueden repercutir sobre los usuarios.
Zambrano atribuye buena parte del deterioro a la falta de inversión, al envejecimiento de las redes y a las pérdidas técnicas y no técnicas. Algunas líneas de transmisión tendrían más de 30 años de funcionamiento y no contarían con la capacidad necesaria para transportar eficientemente la energía disponible.
El presidente del Congreso también anunció medidas más severas contra el hurto de electricidad en sectores residenciales, comerciales e industriales. A su juicio, las conexiones ilegales y el consumo no facturado no pueden continuar financiándose con subsidios estatales ni trasladándose a las facturas de quienes sí pagan el servicio.
El temor a una privatización mantiene frenado el acuerdo
Uno de los principales puntos de conflicto es la sospecha de que las reformas puedan facilitar una privatización parcial o progresiva de la ENEE.
Representantes del Partido Nacional niegan esa posibilidad y aseguran que el proyecto mantendrá a la empresa como patrimonio estatal. Carlos Ledezma, secretario del Congreso, afirmó que la iniciativa busca detener el deterioro financiero y mejorar la administración sin modificar la propiedad de la institución.
Los liberales, por su parte, quieren que esa garantía no dependa únicamente de declaraciones políticas, sino que quede expresamente establecida en la legislación. También solicitan controles para evitar la venta de activos, la fragmentación de áreas estratégicas o contratos que comprometan el futuro de la estatal.
La Confraternidad Evangélica de Honduras se sumó al debate y pidió un proceso amplio, transparente y sin apresuramientos. La organización considera que el Estado debe mantener el control de la generación, transmisión, distribución y regulación del servicio eléctrico.
Apagones, tarifas elevadas y redes deterioradas
Mientras los partidos negocian, los usuarios continúan enfrentando interrupciones del servicio, variaciones de voltaje y tarifas que afectan tanto a las familias como al sector productivo.
La crisis no se limita a la deuda de la ENEE. También incluye líneas de transmisión saturadas, una red de distribución envejecida, dificultades para incorporar nueva generación y una estructura administrativa que consume recursos sin producir mejoras proporcionales en el servicio.
Los pequeños negocios son especialmente vulnerables. Una factura elevada o un apagón prolongado puede provocar pérdidas de productos refrigerados, paralizar maquinaria, reducir las horas de trabajo y aumentar los costos de operación.
Para las industrias, la falta de energía estable disminuye la competitividad y obliga a invertir en generadores privados. El problema también perjudica hospitales, escuelas, sistemas de agua potable y comunidades donde la infraestructura ya es limitada.
¿Quién terminará pagando el rescate?
La pregunta central es cómo será financiada la recuperación de la empresa. Si las pérdidas continúan, el Gobierno deberá destinar mayores recursos presupuestarios, recurrir a nueva deuda o autorizar incrementos que afecten las tarifas.
El Congreso sostiene que las reformas permitirán reducir pérdidas, fortalecer la gobernanza, modernizar la infraestructura y ofrecer precios más competitivos. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo sobre los mecanismos, controles y plazos para alcanzar esos objetivos.
Una reforma aprobada sin suficiente respaldo político podría enfrentar resistencia social y dificultades para su aplicación. Pero prolongar indefinidamente el debate también tiene un costo: cada mes de retraso significa nuevas pérdidas, deterioro de las redes y más presión sobre las finanzas públicas.
La crisis de la ENEE coloca a los partidos ante una prueba decisiva. Ya no se trata únicamente de defender o rechazar un proyecto del Gobierno, sino de construir un acuerdo que determine quién administrará el sistema, cómo se financiará su rescate y qué garantías recibirán los usuarios.
Mientras el Congreso negocia, la empresa sigue perdiendo dinero y los hondureños continúan pagando las consecuencias mediante apagones, tarifas elevadas y un servicio que no responde a las necesidades del país.
