La comparecencia de Juan Orlando Hernández está prevista para este lunes 3 de agosto, pero la decisión del juez natural de declararse incompetente y el recurso anunciado por la defensa introducen incertidumbre sobre quién conocerá finalmente el expediente y bajo qué condiciones continuará el proceso.
Tegucigalpa, Honduras.— El regreso de Juan Orlando Hernández entra esta semana en su etapa más delicada. Después de la recepción política organizada por simpatizantes nacionalistas, el expresidente deberá trasladar su defensa de los discursos públicos a los tribunales, donde enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el caso Pandora II.
La audiencia de declaración de imputado permanece programada para el lunes 3 de agosto. Sin embargo, el proceso sufrió un giro inesperado después de que el juez natural asignado al expediente se declarara incompetente, al considerar que ya no existen altos funcionarios entre los acusados y que el caso debe pasar a la jurisdicción ordinaria especializada en criminalidad organizada y corrupción.
La defensa de Hernández anunció un recurso de reposición contra esa decisión. Mientras el planteamiento no sea resuelto, el expediente no puede trasladarse definitivamente al Circuito Jurisdiccional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Una audiencia marcada por la incertidumbre
El Poder Judicial informó que la comparecencia continúa prevista para el 3 de agosto, salvo que una nueva resolución modifique el calendario. Esto coloca al proceso en una situación inusual: existe una audiencia convocada, pero todavía se discute cuál tribunal debe asumirla.
Durante la diligencia, Hernández deberá conocer formalmente los cargos presentados por el Ministerio Público, sus derechos dentro del proceso y las medidas cautelares que podrían aplicarse mientras continúa la causa.
Su equipo jurídico adelantó que solicitará medidas distintas a la prisión preventiva. La defensa argumentará que no existe peligro de fuga porque el exmandatario regresó voluntariamente al país y aceptó presentarse ante la justicia.
La orden de captura y la alerta internacional que pesaban contra Hernández fueron suspendidas provisionalmente para facilitar su regreso y presentación voluntaria. Esa suspensión no equivale al cierre del expediente ni elimina las acusaciones existentes.
¿De qué acusa el Ministerio Público a JOH?
Pandora II investiga el presunto desvío de recursos públicos mediante fundaciones y organizaciones que habrían sido utilizadas para trasladar dinero hacia campañas políticas.
Según el requerimiento fiscal, de más de 288 millones de lempiras presuntamente sustraídos de instituciones estatales, al menos 62 millones de lempiras habrían beneficiado directa o indirectamente la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013.
La acusación sostiene que los fondos procedían de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.
El Ministerio Público señala que el dinero habría sido canalizado por medio de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras. Posteriormente habría sido utilizado para pagar publicidad política, coordinadores de campaña, pasajes para asesores, alquiler de aeronaves y otros gastos vinculados al movimiento Azules Unidos.
Hernández rechaza los señalamientos, sostiene que el caso carece de fundamento y lo considera una maniobra política impulsada durante el gobierno anterior.
La defensa buscará cerrar el expediente
El objetivo de la defensa no se limitará a conseguir que Hernández permanezca en libertad durante el proceso. El expresidente ya manifestó que buscará la desestimación de los cargos.
Uno de los argumentos centrales será que otros imputados dentro del mismo expediente han recibido sobreseimientos. Entre ellos se encuentra el expresidente Porfirio Lobo Sosa, cuya situación jurídica podría ser utilizada por la defensa para alegar que las acusaciones contra Hernández tampoco deberían continuar.
Sin embargo, la Fiscalía puede sostener que la participación atribuida a cada acusado debe ser analizada de forma individual. El hecho de que algunos procesados hayan sido sobreseídos no produce automáticamente el mismo resultado para todos los señalados.
La audiencia del lunes podría convertirse así en el inicio de una disputa prolongada sobre la competencia del tribunal, la validez de las acusaciones, la aplicación de reformas al delito de lavado de activos y la posibilidad de que Hernández permanezca en libertad.
El indulto de Trump no alcanza el proceso hondureño
El perdón concedido por el presidente estadounidense Donald Trump extinguió la condena de 45 años que Hernández cumplía en Estados Unidos, pero no tiene efectos sobre los cargos presentados por el Ministerio Público de Honduras.
El expediente hondureño es independiente del proceso por narcotráfico y tráfico de armas que se desarrolló en Nueva York. Las acusaciones de Pandora II se relacionan con el presunto uso de fondos públicos para financiar actividades políticas dentro de Honduras.
Por ello, el regreso del expresidente no representa el final de sus problemas legales. El indulto facilitó su salida de prisión y su retorno al país, pero ahora deberá enfrentar una causa que permanece abierta en los tribunales nacionales.
La primera prueba para JOH y para el Gobierno
El proceso también tiene consecuencias políticas para la administración de Nasry Asfura y para el Partido Nacional.
Hernández regresó a un país gobernado nuevamente por su partido y fue recibido por dirigentes y simpatizantes nacionalistas. Esa cercanía alimenta las sospechas de sectores que consideran que el sistema judicial podría favorecerlo.
Organizaciones, analistas y antiguos funcionarios anticorrupción han expresado preocupación porque varios acusados en expedientes relacionados con Pandora obtuvieron sobreseimientos. Temen que el proceso contra Hernández termine siguiendo el mismo camino.
El Gobierno deberá mantener distancia del expediente y permitir que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen sin presiones. Cualquier señal de intervención convertiría el caso en un problema directo para la credibilidad de Asfura.
El Partido Nacional también enfrenta un dilema. Defender políticamente a Hernández puede fortalecer a su base más leal, pero también puede reactivar los cuestionamientos sobre corrupción, concentración de poder e impunidad que marcaron sus administraciones.
¿Qué podría ocurrir este lunes?
El escenario inmediato dependerá de la resolución sobre el recurso presentado contra la declaratoria de incompetencia.
Si la decisión del juez natural queda firme, el expediente deberá pasar a la jurisdicción especializada en criminalidad organizada y corrupción. Si el recurso prospera, el proceso podría permanecer bajo el conocimiento del juez inicialmente designado.
También existe la posibilidad de que la audiencia sea reprogramada mientras se define qué tribunal es competente. Si finalmente se celebra, el juez deberá comunicar los cargos y resolver si Hernández continúa el proceso en libertad, recibe medidas cautelares o queda sujeto a una restricción más severa.
La presentación voluntaria favorece la petición de medidas sustitutivas, pero no obliga al tribunal a concederlas. La decisión deberá considerar la gravedad de las acusaciones, el comportamiento del imputado y los posibles riesgos para el desarrollo del proceso.
Una prueba para la credibilidad de la justicia
Pandora II será mucho más que una audiencia contra un expresidente. El caso permitirá medir la capacidad de las instituciones hondureñas para procesar a una figura que todavía conserva influencia dentro del partido gobernante.
Para Hernández, la comparecencia representa la oportunidad de intentar cerrar el último gran expediente penal que mantiene abierto en Honduras. Para el Ministerio Público, será una prueba sobre la fortaleza de una investigación iniciada contra una de las figuras políticas más poderosas del país.
Para la justicia hondureña, el desafío será demostrar que las decisiones se basarán en el expediente y no en la posición política del acusado.
El regreso de JOH ya modificó la coyuntura nacional. Su comparecencia del 3 de agosto determinará si esa nueva etapa comienza con un proceso judicial efectivo o con el primer paso hacia el cierre definitivo de las acusaciones.
