La mayoría de los países rechazó el avance autoritario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque las diferencias internas impidieron convocar una reunión de cancilleres para decidir acciones colectivas.
Washington. La Organización de los Estados Americanos volvió a mostrar sus limitaciones para responder ante las crisis democráticas del continente. El Consejo Permanente concluyó una sesión extraordinaria sobre Nicaragua con numerosas condenas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero sin aprobar una respuesta regional conjunta.
La reunión del miércoles 5 de agosto tenía como objetivo analizar la intención de Ortega de impedir elecciones competitivas y decidir si se convocaba a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para discutir posibles medidas diplomáticas.
La propuesta, impulsada por Estados Unidos y patrocinada por Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, quedó pendiente de votación. Los representantes suspendieron la sesión para continuar las negociaciones después de no alcanzar el respaldo necesario.
Ortega anuncia que no habrá más elecciones
La crisis se profundizó después de que Ortega afirmara el 19 de julio que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones que permitieran a la oposición disputar el poder.
El régimen presentó posteriormente una reforma constitucional destinada a prolongar el mandato de la denominada copresidencia y establecer nuevas restricciones contra quienes sean señalados como “traidores a la patria”. Sus críticos advierten que esta categoría podría emplearse para excluir a prácticamente toda la oposición.
Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y comparte formalmente el poder con su esposa, Rosario Murillo, convertida en copresidenta mediante la reforma constitucional aprobada en 2025. La concentración del poder, la persecución de opositores y la eliminación de la competencia electoral han consolidado un sistema político sin contrapesos independientes.
Estados Unidos pide pasar de las palabras a las acciones
Durante la sesión, el representante estadounidense Michael Kozak sostuvo que había terminado el momento de limitarse a declaraciones y pidió una respuesta “formal, institucional y colectiva”.
Washington propuso convocar una reunión de cancilleres para determinar qué acciones políticas y diplomáticas podrían adoptarse ante la eliminación del sistema electoral nicaragüense.
La delegación estadounidense aclaró que la convocatoria no implicaba autorizar una intervención militar. El objetivo era reunir a los ministros de Exteriores para evaluar sanciones, presión diplomática y otras medidas colectivas dentro del sistema interamericano.
México y Brasil frenan una resolución más firme
La mayoría de las delegaciones expresó preocupación por la situación nicaragüense. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay defendieron la necesidad de proteger las elecciones libres, el pluralismo político y los derechos fundamentales.
Sin embargo, México y Brasil rechazaron avanzar hacia una respuesta considerada más confrontativa.
México reconoció que eliminar las elecciones periódicas significaría negar a los nicaragüenses el derecho a escoger a sus gobernantes, pero defendió los principios de autodeterminación y no intervención.
Brasil argumentó que la OEA debía evitar decisiones que profundizaran el aislamiento de Nicaragua y sostuvo que la crisis debía tratarse como un problema político y de derechos humanos, no como una amenaza para la seguridad continental.
Estas diferencias impidieron reunir el consenso requerido para convocar inmediatamente a los cancilleres.
Condenas sin decisiones concretas
Durante la sesión no se registraron intervenciones en defensa del régimen Ortega-Murillo. Incluso los países que rechazaron una mayor presión reconocieron la gravedad de las declaraciones sobre la eliminación de las elecciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la represión política, la persecución religiosa y el miedo impuesto sobre la población. Su relatora para Nicaragua, Rosa María Payá, recordó que el Gobierno abandonó formalmente la OEA en 2023, pero señaló que los ciudadanos nicaragüenses continúan protegidos por el sistema interamericano.
La sesión evidenció así una contradicción: existe un amplio rechazo regional al rumbo autoritario de Nicaragua, pero no hay acuerdo sobre cómo transformar esa condena en presión efectiva.
Una crisis que también afecta a Centroamérica
El cierre de las vías democráticas en Nicaragua tiene consecuencias para toda la región. La persecución política y la falta de oportunidades han impulsado la salida de miles de ciudadanos, aumentando la presión migratoria sobre países vecinos como Costa Rica.
También crece la preocupación por la posibilidad de que otros gobiernos utilicen reformas constitucionales, instituciones controladas y restricciones electorales para permanecer indefinidamente en el poder.
Para Honduras y el resto de Centroamérica, la crisis nicaragüense representa una prueba sobre la capacidad regional para defender la democracia cuando un gobierno elimina desde dentro los mecanismos que permiten reemplazarlo.
La OEA continuará negociando la propuesta. Sin embargo, el resultado de la sesión muestra que condenar a Ortega es relativamente sencillo; acordar medidas concretas contra su régimen continúa siendo el verdadero desafío.
