La Policía reporta 429 menores aprehendidos por diferentes delitos en lo que va de 2026, frente a 300 durante el mismo período del año anterior. Organizaciones de protección infantil advierten que detrás de parte de esta realidad existe un problema más profundo: jóvenes utilizados o reclutados por estructuras criminales.
La disputa contra el crimen organizado en Honduras tiene un frente particularmente preocupante: la niñez y la adolescencia.
Datos de la Dirección Policial de Investigaciones indican que entre enero y julio de 2026 fueron aprehendidos 429 menores de edad por su presunta participación en diferentes delitos, 129 más que los 300 registrados durante el mismo período de 2025. Entre los casos investigados aparecen tráfico de drogas y actividades relacionadas con estructuras criminales.
La cifra no significa que todos esos menores hayan sido reclutados por pandillas. Sin embargo, la propia Policía reconoce la existencia de organizaciones delictivas que buscan involucrar a jóvenes en actividades ilegales, lo que ha llevado a reforzar programas preventivos en centros educativos.
Reclutados antes de llegar a la vida adulta
El problema va mucho más allá de las detenciones.
Una investigación de Casa Alianza de Honduras documentó 66 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes durante 2024 y 2025. En aproximadamente ocho de cada diez casos estudiados, la situación terminó provocando el desplazamiento de las víctimas y sus familias.
Los antecedentes muestran que no se trata de un fenómeno reciente. Entre 2016 y 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró 322 casos de reclutamiento forzado y utilización de menores por grupos criminales.
ACNUR señala que la captación puede producirse mediante intimidación, coacción o violencia y que las dificultades para permanecer dentro del sistema educativo, la exclusión social y la presencia criminal en determinadas comunidades aumentan la vulnerabilidad de niños y adolescentes.
Las escuelas se convierten en una línea de defensa
Ante este escenario, los centros educativos adquieren una importancia que trasciende la enseñanza.
La Policía Escolar y el programa GREAT mantienen actividades en escuelas y colegios para advertir a estudiantes sobre la influencia de maras y pandillas, enseñarles a reconocer situaciones de riesgo y fortalecer la prevención antes de que las estructuras criminales logren involucrarlos.
La preocupación por la seguridad alrededor del sistema educativo aumentó además durante las últimas semanas.
Representantes de instituciones educativas privadas denunciaron en julio que algunos colegios han enfrentado amenazas y extorsiones, llegando en determinados casos a cerrar o trasladar sus instalaciones.
La Secretaría de Educación, por su parte, aseguró que no tenía denuncias de extorsión en centros públicos y anunció coordinación con Seguridad para mantener patrullajes preventivos alrededor de escuelas y colegios. Las autoridades también han pedido denunciar situaciones relacionadas con amenazas o narcomenudeo.
Un menor reclutado también es una víctima
Uno de los principales debates está en cómo responde el Estado cuando un adolescente aparece vinculado a una organización criminal.
Las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez insisten en que debe distinguirse entre quienes ingresan voluntariamente a determinadas actividades y aquellos que son captados mediante amenazas, presión, violencia o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
En estos últimos casos, consideran que el Estado debe reconocer al menor como víctima del reclutamiento criminal, proporcionar protección a su familia y crear alternativas educativas y sociales que permitan romper definitivamente el vínculo con las estructuras delictivas.
Honduras enfrenta así un desafío que no puede medirse únicamente por capturas o estadísticas policiales.
Cuando una organización criminal consigue convertir a un niño en instrumento de sus actividades, el país no solamente enfrenta un problema de seguridad: pierde terreno en la disputa por toda una generación.
