El Congreso Nacional aún busca los 65 votos necesarios para aprobar los cambios a la Ley Eléctrica. Las bancadas mantienen diferencias sobre las tarifas, los subsidios y el futuro de la empresa estatal.
La reforma destinada a modificar el funcionamiento del sector eléctrico hondureño continúa detenida en el Congreso Nacional, mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica acumula pérdidas que, según autoridades legislativas, alcanzan aproximadamente 50 millones de lempiras diarios.
El proyecto permanece pendiente de su tercer y último debate. Aunque dirigentes del Congreso aseguraron inicialmente que contaban con los 65 votos requeridos, posteriormente reconocieron que todavía necesitan construir acuerdos con las diferentes bancadas antes de someter la iniciativa a votación.
Bancadas todavía no presentan acuerdos definitivos
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, explicó que los partidos políticos solicitaron tiempo adicional para estudiar el dictamen y presentar contrapropuestas sobre los artículos que consideran necesarios modificar.
La comisión encargada deberá revisar esas observaciones y determinar cuáles serán incorporadas al texto definitivo. Sin embargo, la falta de propuestas concretas ha prolongado una negociación que el Legislativo esperaba resolver desde hace varias semanas.
Ledezma advirtió que el Congreso no puede mantener indefinidamente paralizada la discusión y señaló que, si las bancadas no presentan sus modificaciones, el proyecto deberá ser llevado directamente al pleno.
La reforma necesita el respaldo de al menos 65 de los 128 diputados. Libertad y Refundación anunció que no acompañará el proyecto, por lo que el oficialismo deberá conseguir votos entre otras fuerzas políticas para alcanzar la mayoría simple.
Privatización, subsidios y tarifas dominan el debate
Uno de los principales puntos de confrontación es el temor de que los cambios legales abran el camino hacia una privatización total o parcial de la ENEE.
Las autoridades del Congreso rechazan esa interpretación y aseguran que la empresa continuará siendo propiedad del Estado. Parte de las negociaciones busca que esa prohibición quede expresamente establecida dentro del decreto.
Los diputados también discuten la continuidad de los subsidios para los hogares de menores ingresos y el papel que conservará la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en la definición de las tarifas.
Estos tres temas —propiedad estatal, subsidios y regulación tarifaria— se han convertido en los principales requisitos para conseguir el respaldo de sectores que todavía mantienen reservas sobre la reforma.
Una empresa con una deuda cercana a L120,000 millones
El Congreso sostiene que la intervención legislativa es urgente debido a la situación financiera de la ENEE.
De acuerdo con las cifras citadas por sus autoridades, la empresa pierde unos 1,500 millones de lempiras mensuales y mantiene una deuda histórica cercana a los 120,000 millones.
Las pérdidas técnicas y comerciales, el robo de energía, la mora, los costos de generación y las deficiencias administrativas continúan afectando las finanzas de la institución.
El deterioro también repercute en los usuarios mediante apagones, fluctuaciones del servicio y presión sobre las tarifas. Los cortes de energía golpean especialmente a pequeños comercios y emprendimientos que no cuentan con sistemas alternativos de generación.
¿Una reforma real o un cambio administrativo?
Los promotores de la iniciativa aseguran que las modificaciones permitirán modernizar la ENEE, mejorar la administración del sistema y reducir las pérdidas.
Sin embargo, el verdadero impacto dependerá del contenido final de la ley y de su aplicación. Una reforma legal será insuficiente si no está acompañada por inversiones en transmisión y distribución, mantenimiento de la red, combate al fraude energético y una gestión profesional de la empresa.
También deberá aclararse cómo se financiará la modernización, quién asumirá las inversiones y qué controles impedirán que nuevas estructuras administrativas reproduzcan los problemas actuales.
Para los hogares hondureños, el resultado deberá medirse en aspectos concretos: menos apagones, tarifas sostenibles, mejor atención y un servicio confiable.
Para las empresas, la estabilidad energética es indispensable para invertir, producir y generar empleo. Cada interrupción aumenta los costos y reduce la competitividad del país.
Mientras los diputados negocian los votos, la ENEE continúa perdiendo recursos diariamente. El Congreso enfrenta ahora la responsabilidad de demostrar si la reforma será capaz de rescatar a la estatal o si terminará convertida en otro cambio legal sin resultados visibles para la población.
