Generadores advierten que el retraso legislativo podría obligar al país a contratar nuevamente plantas térmicas y aumentar la dependencia de combustibles importados.
Tegucigalpa, Honduras.— El retraso en la discusión de las reformas al subsector eléctrico vuelve a encender las alarmas en Honduras. Representantes de los generadores advierten que, sin cambios legales que permitan nuevas inversiones y licitaciones competitivas, el país podría enfrentar mayores costos de generación y nuevas dificultades para garantizar un suministro estable.
Eduardo Benatón, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, señaló que la falta de decisiones podría obligar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a recurrir nuevamente a plantas térmicas entre finales de agosto y septiembre.
El dirigente aclaró que su preocupación no se dirige contra esa tecnología, sino contra el costo de producir electricidad mediante combustibles importados, cuyos precios dependen de las condiciones del mercado internacional.
“Estamos hablando de costos”, explicó Benatón al advertir que una mayor dependencia de la generación térmica mantendría una energía cara para el país.
Reformas podrían discutirse hasta agosto
La advertencia coincide con la decisión del Partido Liberal de solicitar más tiempo para preparar una contrapropuesta al proyecto de reformas energéticas presentado por el Poder Ejecutivo.
El diputado Carlos Umaña informó que la bancada liberal se reunirá con especialistas nacionales y extranjeros durante las últimas jornadas de julio. La contrapropuesta podría entregarse durante la primera semana de agosto y su aprobación dependerá de la duración del debate legislativo.
Entre los temas que el liberalismo pretende revisar se encuentran la valoración de los activos de la ENEE, el manejo de la deuda, el financiamiento de los subsidios y la responsabilidad de extender la electrificación hacia comunidades que todavía no cuentan con el servicio.
Sin embargo, para los generadores, cada semana de retraso reduce el tiempo disponible para preparar licitaciones, atraer oferentes y obtener precios competitivos. Estos procesos requieren elaborar bases técnicas, definir condiciones financieras y establecer garantías para las empresas interesadas.
La inversión, en el centro del debate
Benatón sostuvo que las reformas no deben limitarse a la administración de la ENEE, sino abarcar todo el sistema eléctrico: generación, transmisión y distribución.
De acuerdo con su planteamiento, Honduras necesita una legislación que ofrezca estabilidad durante al menos una década y evite que las reglas del sector sean modificadas con cada cambio de gobierno.
El representante del sector renovable también afirmó que los problemas energéticos tienen un fuerte impacto sobre la economía nacional. Esa estimación corresponde a su valoración y no a un cálculo oficial presentado junto con sus declaraciones.
Por su parte, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ha reconocido que algunas disposiciones de la legislación vigente limitan la inversión y dificultan la recuperación del sistema eléctrico. También identificó como desafíos principales las elevadas pérdidas, la situación financiera de la estatal y los problemas en la distribución.
Peña Panting advirtió anteriormente que una reducción de las tarifas no sería inmediata y podría requerir alrededor de tres años, siempre que las reformas sean aplicadas correctamente.
El costo podría llegar a hogares y empresas
La discusión legislativa tendrá consecuencias directas para hogares, comercios e industrias. Una energía más cara eleva los costos de producción, reduce la competitividad y obliga a las familias a destinar una mayor parte de sus ingresos al pago del servicio.
El reto para el Congreso será alcanzar un acuerdo que permita atraer inversiones sin debilitar la función reguladora del Estado ni trasladar los problemas financieros del sistema directamente a los consumidores.
Mientras las fuerzas políticas continúan negociando, el tiempo comienza a convertirse en otro factor de presión. La pregunta ya no es únicamente cuándo se aprobarán las reformas, sino cuánto podría terminar pagando Honduras por cada semana de retraso.
