Las organizaciones solicitaron al Estado suspender nuevos desalojos, proteger a los defensores territoriales y cumplir las sentencias internacionales que reconocen los derechos colectivos del pueblo garífuna
TEGUCIGALPA. Más de 60 organizaciones nacionales e internacionales urgieron al Estado de Honduras a responder ante lo que consideran una creciente crisis de derechos humanos que afecta a comunidades garífunas, indígenas y campesinas dedicadas a la defensa de la tierra y sus territorios ancestrales.
Las organizaciones enviaron una carta a la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad, la Dirección General de la Policía Nacional y la representación hondureña ante las Naciones Unidas en Ginebra.
En el documento expresaron preocupación por los desalojos, amenazas, procesos judiciales y actos de violencia denunciados durante los últimos meses contra dirigentes comunitarios y defensores territoriales.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Global Witness, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y diferentes movimientos sociales de América Latina, Europa, África y Asia.
Desalojo en la comunidad garífuna de San Juan
Uno de los hechos señalados ocurrió el 6 de julio en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, donde más de 200 agentes policiales participaron en un operativo de desalojo.
Durante la intervención fueron detenidos cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña: Deinor Osmany Mejía, Irbin René López, Carlos Enrique Fernández, Onil Rigoberto Hernández y Sara Abigail Acosta.
Aunque posteriormente fueron liberados, los defensores continúan enfrentando un proceso judicial por el supuesto delito de usurpación agravada.
Las organizaciones denunciaron que durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos que afectaron a niños, mujeres embarazadas y otros habitantes de la comunidad. También reportaron amenazas y la utilización de armas de fuego con munición letal.
Los señalamientos no han derivado hasta ahora en responsabilidades contra los agentes que participaron en el operativo, según expresaron las organizaciones firmantes.
Sentencia internacional pendiente de cumplimiento
La comunidad de San Juan obtuvo en 2023 una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció los derechos colectivos y ancestrales del pueblo garífuna sobre el territorio.
Las organizaciones consideran que el desalojo y el proceso contra los cinco defensores contradicen esa resolución internacional.
Honduras también mantiene pendientes obligaciones derivadas de sentencias emitidas a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos.
Estas resoluciones ordenan al Estado garantizar la propiedad colectiva, proteger a los dirigentes comunitarios y reparar los daños provocados por la vulneración de sus derechos territoriales y culturales.
Cuestionamientos contra la nueva legislación
El pronunciamiento también cuestiona la entrada en vigor de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agroindustriales, correspondiente al Decreto 107-2026.
Las organizaciones sostienen que esta normativa podría facilitar desalojos y aumentar el riesgo de criminalización contra comunidades que reclaman derechos sobre territorios ocupados por proyectos agroindustriales, turísticos, ganaderos o energéticos.
También expresaron preocupación por otras reformas legales que endurecieron el delito de usurpación y ampliaron la definición de asociación terrorista dentro del Código Penal.
Más de 70 organizaciones campesinas, indígenas, populares y garífunas realizaron movilizaciones simultáneas el 20 de julio en diferentes carreteras del país para exigir la derogación de estas disposiciones.
Las protestas se desarrollaron en Yoro, Atlántida, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca y Colón.
Violencia en el Bajo Aguán
Las organizaciones incluyeron entre sus principales preocupaciones el asesinato de 19 trabajadores en una finca de palma aceitera de la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón.
El ataque ocurrió en mayo y estuvo relacionado con el prolongado conflicto agrario que afecta al Bajo Aguán, una región marcada por disputas territoriales, presencia de estructuras criminales y violencia contra dirigentes campesinos.
El pronunciamiento también menciona amenazas contra la coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Lilian Borjas, así como hostigamientos contra miembros de la comunidad La Bendición de Dios, en El Progreso.
Además, señala la condena por usurpación contra cuatro defensores del territorio lenca pertenecientes al Consejo Indígena Lenca del Cacao y un nuevo desalojo realizado en Choluteca el 28 de junio.
Organizaciones exigen respuesta estatal
Las entidades firmantes solicitaron suspender inmediatamente la aplicación de la nueva ley y detener cualquier desalojo que pueda amenazar los derechos de comunidades campesinas y pueblos ancestrales.
También reclamaron el cierre de los procesos judiciales que consideran injustificados contra defensores de la tierra, así como investigaciones independientes sobre los abusos denunciados durante los operativos policiales.
Otra de sus exigencias es el cumplimiento integral de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana a favor del pueblo garífuna.
Las organizaciones advirtieron que mantendrán vigilancia sobre la situación y comunicarán a gobiernos y organismos internacionales cualquier nuevo hecho que pueda representar una violación de derechos humanos.
El conflicto plantea al Estado hondureño el reto de equilibrar la protección de la inversión y la propiedad privada con el respeto a los derechos colectivos, la consulta previa y las obligaciones internacionales asumidas por el país.
