El expresidente prevé regresar al país el domingo 26 de julio y deberá comparecer por una acusación de fraude y lavado de activos relacionada con el caso Pandora II
TEGUCIGALPA. El expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que confía en enfrentar en libertad el proceso judicial abierto en Honduras por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, mientras prepara su regreso al país después de permanecer varios años en Estados Unidos.
Hernández afirmó que tiene previsto viajar el domingo 26 de julio desde Miami hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, mediante un vuelo privado.
El exmandatario explicó que hace aproximadamente seis meses presentó una solicitud para poder afrontar el proceso sin ser detenido, aunque señaló que todavía no ha recibido una notificación oficial sobre la resolución.
La orden de captura y la alerta roja internacional emitidas anteriormente contra Hernández fueron suspendidas temporalmente para permitir que regrese y comparezca voluntariamente ante las autoridades judiciales.
El Poder Judicial programó para el 3 de agosto la audiencia de declaración de imputado, en la que se le informarán formalmente los cargos y se determinarán las medidas que deberá cumplir mientras avanza el proceso.
El caso Pandora II
La acusación contra Hernández forma parte del expediente conocido como Pandora II, presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción.
Según el Ministerio Público, entre 2010 y 2013 varios funcionarios habrían participado en una estructura que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras de fondos públicos hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
La Fiscalía sostiene que al menos 62 millones de lempiras habrían sido destinados al financiamiento de movimientos políticos relacionados con la campaña de Hernández mediante empresas de fachada, prestanombres y contratos presuntamente ficticios.
Por estos hechos, el expresidente enfrenta una acusación por fraude y lavado de activos. Hernández rechaza los señalamientos y asegura que el proceso carece de sustento legal.
El caso también involucró al expresidente Porfirio Lobo Sosa, exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas, antiguos directivos de Banadesa y otros particulares.
Hernández argumentó que otros imputados se presentaron voluntariamente ante la justicia y permanecieron en libertad mientras avanzaban sus respectivos procesos. Por esa razón, considera que no debería existir un impedimento para que se le conceda una medida similar.
Regreso después de su proceso en Estados Unidos
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y posteriormente condenado por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.
A finales de 2025 recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, lo que permitió su liberación. Meses después, la justicia estadounidense cerró el proceso luego de considerar que la apelación había quedado sin objeto como consecuencia del perdón presidencial.
El indulto eliminó las consecuencias penales del caso estadounidense, pero no resolvió los procesos que Hernández pudiera enfrentar ante la justicia hondureña.
El expresidente aseguró que pretende utilizar información recopilada durante su juicio en Nueva York para defenderse de las acusaciones presentadas en Honduras.
También afirmó que solicitó la desclasificación de documentos relacionados con aquel proceso, al considerar que podrían respaldar su versión de los hechos.
Seguridad coordinada para su retorno
Hernández señaló que contará con protección estatal debido a su condición de expresidente y a los riesgos de seguridad que asegura enfrentar.
Según explicó, miembros de su familia han mantenido conversaciones con la Secretaría de Seguridad y con unidades especiales encargadas de coordinar su protección durante el regreso.
El exmandatario negó haber negociado directamente su situación judicial con el presidente Nasry Asfura, aunque ambos pertenecen al Partido Nacional.
Hernández sostuvo que su prioridad será reencontrarse con su familia y afrontar el proceso pendiente. También afirmó que no pretende regresar al país con aspiraciones electorales.
Su retorno marcará un nuevo capítulo político y judicial para Honduras. La audiencia del 3 de agosto será determinante para establecer si podrá continuar el proceso en libertad o si el juez impone medidas cautelares más restrictivas.
