El Poder Legislativo reanudará actividades este martes 21 de julio, con el tercer y último debate de la reforma eléctrica todavía pendiente. El Gobierno asegura que busca rescatar la empresa estatal, mientras sectores políticos y técnicos advierten sobre posibles riesgos de privatización.
Tegucigalpa, Honduras.— El Congreso Nacional retomará este martes 21 de julio sus sesiones ordinarias, después de concluir el segundo receso legislativo de 2026, con la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica como uno de los temas más importantes que permanecen pendientes.
Aunque el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, no ha confirmado públicamente el contenido completo de la primera agenda legislativa, el proyecto relacionado con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se encuentra listo para su tercer y último debate.
La iniciativa, promovida por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, pretende reorganizar el funcionamiento de la ENEE mediante su separación en empresas estatales dedicadas a la generación, transmisión y distribución de electricidad.
La ENEE conservaría el papel de empresa matriz y la propiedad de las nuevas sociedades. Sin embargo, las subsidiarias tendrían autonomía técnica, administrativa y operativa, y recibirían los activos, contratos, personal y obligaciones correspondientes a cada área del sistema eléctrico.
Gobierno descarta una privatización
El presidente del Congreso ha asegurado que la reforma no contempla vender la ENEE ni transferir su propiedad al sector privado.
Zambrano sostiene que el propósito es mejorar la administración de la estatal, reducir las pérdidas eléctricas, disminuir los apagones y crear condiciones para ofrecer tarifas más competitivas.
Según las cifras presentadas por el titular del Legislativo, las pérdidas de la ENEE superan los 16,000 millones de lempiras anuales y obligan al Estado a destinar recursos que podrían utilizarse en salud, educación y otros servicios públicos.
El proyecto también propone crear un nuevo Operador del Sistema y del Mercado, conocido como OSM, que sustituiría al actual Centro Nacional de Despacho. Esta entidad tendría autonomía jurídica y sería responsable de coordinar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el mercado mayorista de electricidad.
Asimismo, se plantean modificaciones en el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, incluyendo un nuevo mecanismo para seleccionar a sus comisionados y mayores garantías de autonomía financiera y funcional.
Liberales preparan cambios
La bancada del Partido Liberal ha manifestado que no respaldará la reforma en su redacción actual y anunció que presentará una propuesta complementaria.
Entre sus planteamientos se encuentra incluir una prohibición expresa contra cualquier forma de privatización, realizar una auditoría forense e independiente a la ENEE, proteger los derechos laborales de sus trabajadores y establecer mecanismos permanentes de transparencia y evaluación.
Los liberales también proponen garantizar tarifas justas, mantener subsidios focalizados para los sectores más vulnerables y desarrollar un programa de inversiones dirigido a modernizar la infraestructura y reducir las pérdidas de energía.
Para que el proyecto sea aprobado, el Partido Nacional necesitará alcanzar al menos 65 votos. Esto obligaría al oficialismo a negociar con diputados de otras fuerzas políticas, especialmente con la bancada liberal.
Libre advierte sobre privatización encubierta
La bancada de Libertad y Refundación mantiene una posición de rechazo y considera que la creación de sociedades mercantiles estatales podría abrir posteriormente la puerta a la participación de inversionistas privados.
Especialistas críticos también señalan que permitir que los grandes consumidores negocien directamente con generadores privados podría reducir los ingresos de la empresa distribuidora estatal, dejándola principalmente con usuarios residenciales y con buena parte de las obligaciones financieras acumuladas por la ENEE
Otros analistas consideran que la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución puede mejorar la transparencia contable, porque permitiría identificar con mayor precisión qué áreas generan utilidades y cuáles concentran las pérdidas.
Una empresa con problemas históricos
La discusión se produce mientras la ENEE enfrenta una delicada situación financiera.
De acuerdo con cifras recopiladas por Contracorriente, la deuda de la estatal alcanzaba aproximadamente 121,800 millones de lempiras en mayo de 2026. Además, las pérdidas técnicas y no técnicas representaron alrededor del 33.6 % de la energía distribuida al cierre de 2025.
El mercado eléctrico hondureño ya cuenta con una elevada participación privada. Los generadores particulares produjeron cerca del 76.94 % de la electricidad consumida en Honduras durante 2025, mientras la ENEE aportó aproximadamente el 23.06 %, principalmente mediante sus centrales hidroeléctricas y algunas plantas térmicas.
Estas cifras han alimentado el debate sobre si la solución debe concentrarse en abrir aún más el mercado eléctrico o en fortalecer la capacidad administrativa, financiera y operativa de la empresa estatal.
Una prueba para los acuerdos legislativos
La reforma de la ENEE será una de las primeras grandes pruebas para el Congreso Nacional después del receso.
El oficialismo deberá demostrar que puede construir acuerdos suficientes para aprobar el proyecto, mientras los partidos de oposición buscarán introducir salvaguardas relacionadas con la propiedad pública de la empresa, las tarifas, los derechos laborales y la transparencia.
Más allá de la disputa política, el resultado tendrá consecuencias directas para millones de usuarios. La sostenibilidad financiera de la ENEE, la reducción de los apagones, el precio de la electricidad y las inversiones necesarias para ampliar la red dependerán tanto del contenido final de la reforma como de la capacidad del Estado para aplicarla.
