El Gobierno de Honduras ha destinado más de L1,000 millones en subsidios a los combustibles durante la actual crisis de precios, en un intento por reducir el impacto de las variaciones internacionales sobre los hogares, el transporte y la actividad productiva del país.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, aproximadamente L800 millones corresponden a recursos adicionales utilizados para contener las alzas, mientras otros L200 millones ya estaban contemplados dentro del presupuesto y fueron trasladados como beneficio directo a los consumidores.
La presión sobre las finanzas públicas ha llevado al Gobierno a buscar una solución que vaya más allá de aprobar subsidios cada vez que los precios internacionales se disparan. La Secretaría de Energía trabaja junto al Banco Mundial en una propuesta para crear un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El mecanismo buscaría acumular recursos capaces de absorber parte de las futuras variaciones del mercado internacional, reduciendo la velocidad con la que los incrementos son trasladados directamente al consumidor hondureño.
El subsecretario de Hidrocarburos, Henry Acosta, explicó que en la elaboración de la propuesta también participan representantes de la cadena comercializadora y el Congreso Nacional. El proyecto deberá ser presentado al presidente Nasry Asfura y posteriormente analizado junto con la Secretaría de Finanzas para determinar su impacto sobre las cuentas públicas.
La creación del fondo representaría un cambio en la estrategia utilizada para enfrentar las crisis de combustibles: en lugar de depender exclusivamente de subsidios extraordinarios financiados en cada emergencia, Honduras contaría con un instrumento diseñado previamente para amortiguar los períodos de fuertes incrementos.
La vulnerabilidad del país continúa ligada a su dependencia de los mercados internacionales. Honduras importa combustibles refinados, por lo que las variaciones externas pueden trasladarse rápidamente a los precios internos y posteriormente afectar transporte, producción y costos de bienes y servicios.
Con más de L1,000 millones destinados hasta ahora a contener los precios, el debate comienza a trasladarse hacia la sostenibilidad de estos apoyos y la necesidad de crear mecanismos que permitan proteger al consumidor sin convertir cada nueva crisis internacional en una presión extraordinaria para las finanzas públicas.
