TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Este lunes 3 de agosto representa una fecha decisiva para el expresidente Juan Orlando Hernández, quien regresó a los tribunales hondureños para responder por las acusaciones de fraude y lavado de activos relacionadas con el denominado caso Pandora II.
Hernández se presentó a las 9:00 de la mañana en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, acompañado por su esposa, sus hijas y su madre. En las afueras del complejo judicial, simpatizantes del Partido Nacional se concentraron para manifestarle su respaldo, mientras un amplio dispositivo policial resguardaba la zona.
La audiencia de declaración de imputado marca el inicio formal de una nueva batalla judicial para el exmandatario. Durante la diligencia, la Fiscalía debe exponer los señalamientos contenidos en el requerimiento fiscal, mientras la defensa buscará evitar la prisión preventiva y conseguir que Hernández continúe el proceso bajo medidas cautelares distintas a la cárcel.
Antes de ingresar al tribunal, Hernández aseguró que enfrenta una nueva “persecución política” y afirmó encontrarse en un “limbo jurídico”. Su defensa cuestiona que el juez natural inicialmente designado se declarara incompetente y que el expediente fuera trasladado a la jurisdicción ordinaria sin que se resolviera previamente un recurso presentado por sus abogados.
El Ministerio Público sostiene que Hernández habría sido uno de los beneficiarios de una estructura que desvió alrededor de 288 millones de lempiras provenientes de instituciones estatales entre 2010 y 2013. Según la acusación, aproximadamente 62 millones habrían sido utilizados para financiar actividades relacionadas con su campaña presidencial de 2013 mediante fundaciones, empresas de fachada, contratos ficticios y prestanombres.
El caso adquiere una dimensión especial después del regreso de Hernández a Honduras el pasado 26 de julio. Su retorno fue posible luego de que se suspendieran provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, permitiéndole comparecer voluntariamente ante la justicia.
La decisión que adopte el juez no determinará todavía su culpabilidad o inocencia, pero sí establecerá si el proceso continúa, bajo qué jurisdicción será conocido y qué medidas deberá cumplir el expresidente mientras avanza la causa.
Para Juan Orlando Hernández, este 3 de agosto puede convertirse en el punto de partida de su rehabilitación pública o en el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre judicial. Para Honduras, la audiencia también representa una prueba sobre la capacidad de sus instituciones para tramitar un caso de enorme impacto político sin presiones, privilegios ni interferencias partidarias.
